La estrategia jurídica ideada por Jaime Lombana, aceptar el delito de administración desleal en concurso con manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores en el fraude de Interbolsa, sirvió para rebajar la condena de Jaramillo de 12 a siete años que pagará en su finca en Llanogrande, ya que por ley las personas mayores de 70 años tienen el derecho de detención domiciliaria. Distinta es la situación de su hijo, Tomás, que permanece recluido en la cárcel La Picota esperando el juicio junto a Juan Carlos Ortiz, socio y responsable del fondo Premium. El paso siguiente de la justicia es buscar la recuperación de los bienes que ya están embargados para devolverles los recursos a los ahorradores.
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