Los audios y mensajes de texto que revelan una posible conspiración de Álvaro Leyva para tumbar al presidente Gustavo Petro dejan en evidencia de que Francia Márquez, vicepresidenta de la República, conocía las intenciones del excanciller.
Del hilo de los contactos entre ambos, que datan de abril de 2025, se desprende esta conversación:
Leyva: “Sigue en mi mente con más vigencia. Mucha fortaleza. Cero debilidad. Abrazo”.
Francia Márquez: respondió: “Buenos días. Muchas gracias. Así seguimos firmes para cumplir la promesa con el pueblo colombiano”.
De acuerdo con las revelaciones hechas por el periódico español El País Leyva promovía la idea de que Márquez asumiera como reemplazo de Petro en el evento de que saliera adelante un “gran acuerdo nacional” para forzar el retiro del jefe del Estado.
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Cuando los servicios de inteligencia informaron al Presidente de lo que ocurría, éste le habría exigido a su vicepresidente que denunciara públicamente lo ocurrido, pero ella se negó en principio.
Cuando el escándalo se hizo pública la segunda de a bordo del gobierno rechazó su implicación en el caso y se dirigió por escrito a la Fiscalía General de la Nación para pedir una investigación esclarecedora de la trama.
Sin embargo, ese simple hecho no la liberaría de los problemas que podría enfrentar en caso de que las autoridades facultadas legalmente para ello consideraran que, en efecto, estuvo moviendo los hilos para tejer la red de un golpe para derrocar a Petro.
Tratadistas de Derecho consultados al respecto dijeron que, más allá de si se califica o no la conspiración, la vicepresidenta Francia Márquez podría haber incurrido en una conducta calificada en el Código Penal como “omisión de denuncia” que se refiere a la falta de reporte oportuno o denuncia de un hecho delictivo o sospechoso a las autoridades competentes. Esa conducta, de acuerdo con el mismo Código, tiene como circunstancia agravante el hecho de quien omita denunciar tenga la investidura de funcionario público.
“En este caso podría considerarse que la señora Vicepresidenta no solo tenía un compromiso de lealtad para con el Presidente sino para con la ley”, dijo una de las fuentes consultadas.
Aunque el Presidente ha llamado “sediciosos” a quienes, según él, pretenden darle golpes duro o blando, en el caso de la vicepresidenta el escenario legal haría menos probable que pudiera ser investigada como tal. Los especialistas explican que la tipificación de los posibles delitos de rebelión y sedición es mucho más exigente. La rebelión supone el uso de las armas para derrocar al Gobierno Nacional o suprimir o modificar el régimen constitucional, algo que no ha ocurrido. La sedición, a su vez, implica seducir a las Fuerzas Armadas para una acción de facto o usurpar el mando de las tropas para producirlo, algo que tampoco se ha presentado.
A diferencia del Presidente de la República, que tiene fuero especial que hace pueda ser investigado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y juzgado por la Corte Suprema de Justicia, la Vicepresidente tiene un fuero limitado que hace que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema la pueda investigar. Una posible sentencia solo se la podría imponer la Corte Suprema.
Desde Sevilla, España, donde asistía a la conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo auspiciada por la ONU, Petro pidió a todos los mencionados en los audios de Leyva que salgan a responder pública y judicialmente, si es del caso.
Hasta ahora todos ellos han rechazado el uso de sus nombres en relación con una presunta conspiración y el propio Leyva ya admitió, por ejemplo, que usó el nombre de Vicky Dávila, aspirante presidencial, sin haber hablado previamente con ella.
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