En medio de los discursos de “Paz Total”, los datos muestran una realidad diferente. Según un informe reciente de Reuters Latam, desde que Gustavo Petro asumió la presidencia, los grupos armados han aumentado un 45% en el país, pasando de 15.120 a 21.958 miembros. Este incremento no tiene precedentes en tan poco tiempo.
Mientras el presidente Petro promueve su política como un “éxito”, la situación en el terreno revela lo contrario: disidencias de las FARC, el ELN y el Ejército de Liberación Camilo Torres (EGC) se han fortalecido en todos los aspectos: más hombres, armas, control territorial y rutas de narcotráfico.
¿Qué hizo el gobierno para frenar este crecimiento? Firmó ceses al fuego sin verificación real, dialogó sin exigir condiciones claras y desmanteló la presión militar sin consolidar la presencia estatal en las regiones clave. Como resultado, los grupos armados no solo se fortalecieron, sino que se dieron el lujo de ganar tiempo y poder.
El Estado ha perdido el control en regiones como Cauca, Catatumbo, Chocó y Norte de Antioquia, donde los grupos ilegales actúan como “gobiernos de facto”, dejando a los ciudadanos a merced de la violencia y la extorsión.
En respuesta, la administración ha tenido que enviar más de 16.000 soldados a zonas críticas, un reconocimiento implícito del fracaso de su estrategia de seguridad.
Colombia necesita una paz real, una que desarme y destruya las estructuras criminales, no una “coexistencia negociada con el crimen” que solo alimenta la impunidad.
¿Es este el tipo de paz que los colombianos necesitan?
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