El gobierno del presidente Gustavo Petro está viendo frustrada su intención de entregar la operación del Muelle 13 de Buenaventura a cooperativas de pescadores locales, como lo venía anunciando en medio de una fuerte disputada política y judicial. Empeñada en quitarle el control de la operación al Grupo Portuario, la Casa de Nariño seguía el libreto jurídico diseñado por el abogado Alejandro Carranza como asesor de la ANI presidida entonces por Francisco Ospina Ramírez, el abogado de confianza https://www.las2orillas.co/el-peso-pesado-que-lidera-la-pelea-contra-petro-por-el-muelle-13-de-buenaventura/ que apodera a Nicolás Petro, hijo del mandatario, en un proceso por lavado de activos y que por otro lado denunció al excanciller Álvaro Leyva por una presunta intentona golpista.
El contravía de los intereses del gobierno, el Consejo de Estado acaba de dejar en firme una decisión del Tribunal administrativo del Valle del Cauca de diciembre del 2024 que favorecía al Grupo Portuario en cuanto decretaba la suspensión de dos actos administrativos mediante los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) suspendió la prórroga por 20 años de la concesión, operada actualmente por la empresa Ventura Group.
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La Sección Tercera de ese alto tribunal acogió los argumentos expuestos por el exministro Luis Felipe Henao, representante de los operadores quien apareció dando la batalla jurídica mediática mientras la arquitectura jurídica la soportaba internamente el equipo de Ventura Group propietario del Grupo Portuario en cabeza del vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos Luis Fernando Rueda.
Quedaron en evidencia los bandazos de la ANI, que inicialmente accedió a la prórroga hasta 2045 a favor del Grupo Portuario y luego la suspendió dos veces de manera consecutiva, afecta los sensiblemente los derechos del concesionario y se lleva de calle el debido proceso. Al menos tres ministros, incluida Susana Muhamad estuvieron al frente de la decisión en una junta extraordinaria de diciembre del 2023.
Al notificar la decisión, el Consejo de Estado, la corte que le genera mayor urticaria al gobierno por el freno al llamado “decretazo” y los fallos de tutela contra el jefe del Estado, le hizo una fuerte reprimenda a la Agencia: “(…) Existe una regla estrechamente vinculada con el principio de la buena fe, la cual prohíbe desconocer los propios actos. Esta regla supone un deber de coherencia, según el cual ninguna de las partes puede actuar en contradicción con su comportamiento previo, ni alterar la confianza que su conducta generó en su contraparte o en terceros”.
Por el tono que llegó a cobrar la disputa, el fallo que la dirime es una decisión que deja vencedores y vencidos. La cuerda de los primeros la encabeza Henao que logra frenar la anulación de la prórroga le costaría al concesionario cerca de 58 millones de dólares equivalentes al lucro cesante. Por esa y otras razones de peso el conglomerado Ventura Group del que forma parte el Grupo Portuario, operador actual, de propiedad de Álvaro Rodríguez, ha librado esfuerzos por mantener la concesión que inicialmente se le otorgó hasta 2025 y su prórroga por cuatro lustros. Carranza, a su vez, ve fallidos sus esfuerzos por mantener un vigor medidas cautelares que, en principio, ponían en el control del muelle en manos de la Armada Nacional.
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El caso ha tenido un complejo derrotero. Inicialmente, en diciembre de 2023, la ANI aprobó la renovación del contrato de concesión al Grupo Portuario S.A., pero cinco días después revocó dicha autorización sin presentar argumentos técnicos concluyentes.
En 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca suspendió provisionalmente las resoluciones de la ANI que limitaban la concesión, permitiendo al Grupo Portuario mantener temporalmente la operación del muelle 13. Un año después, el Consejo de Estado ratificó que el Grupo Portuario conservará la concesión del Muelle 13 en Buenaventura, lo que representa un revés para el Gobierno nacional.
Según el gobierno, el muelle opera sin licencia ambiental adecuada y presenta riesgos para el medio ambiente y la salud pública, ya que se presentarían irregularidades en el manejo de residuos y almacenamiento de granos en descomposición.
Tras sus repetidos giros la ANI venía sosteniendo en los últimos tiempos que la resolución que prorrogaba el contrato de concesión fue expedida sin cumplir varios requisitos legales fundamentales en los ámbitos portuario, ambiental y administrativo.
El poderoso empresario que no dio el brazo a torcer
Álvaro Rodríguez pasó un fin de año y comienzo del 2025 amargo con decisiones judiciales contrarias y el movimiento del Muelle 13 que operó su Grupo Portuario durante 20 años detenido, pero no desfalleció. Por el contrario, fortaleció su arsenal jurídico y mediático y en enero apareció en el escenario el ex ministro Henao quien se anotó un round clave en el alto tribunal.
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