En una esquina privilegiada de Cartagena, frente al mar Caribe y en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, se alzan los esqueletos de dos torres grises, como un par de cicatrices en el paisaje del turístico barrio Bocagrande. Son los restos de lo que alguna vez prometió ser Ocean Tower, el proyecto que se vendió como unos de los mejores edificios residenciales de Cartagena, el cual en 2012 se presentó como una joya: apartamentos de lujo, un hotel de primer nivel y un nuevo símbolo para la ciudad. Trece años después, lo único que queda son estructuras de cemento, demandas, sanciones y una larga lista de damnificados.
El caso de Ocean Tower es uno de los ejemplos más visibles de cómo la ambición, las malas prácticas empresariales y la falta de vigilancia pública pueden arruinar no solo un edificio, sino también los ahorros y la confianza de cientos de compradores. Hoy, sin embargo, hay quienes creen que todavía es posible rescatar las torres de su abandono. Dos grupos inversores — los españoles Civiscorp y la colombiana Prodegi, una constructora de la reconocida familia Araujo,dueños también de los hoteles Las Américas— han presentado propuestas a la Alcaldía de Cartagena para asumir el control del proyecto y darle un desenlace digno.
Ocean Tower comenzó su historia en 2012 con grandes expectativas. En aquel momento, la constructora Ocean S.A., respaldada por la fiduciaria Alianza, prometía apartamentos con vista al mar y un hotel de lujo. Para 2015 debía estar terminado. Pero lo que siguió fue un desfile de incumplimientos, explicaciones evasivas y finalmente, el abandono total de las obras. La fecha de entrega pasó sin que los compradores recibieran nada y sin que la constructora ofreciera una respuesta coherente. La frustración se convirtió en litigios.
Detrás de la constructora estaban nombres ya conocidos en la industria. Carlos Collins, quien tiene encima un historial complicado: también había participado en el fallido contrato para construir el
Túnel de la Línea, que terminó en sanciones millonarias contra el Estado y su liquidación. En aquella junta directiva del fracasado Ocean Tower también figuraban Sergio Torres Reatiga y Gilberto Álvarez Mulford.
Durante años, las denuncias se acumularon en entidades como la Superintendencia Financiera, la Alcaldía de Cartagena y los tribunales. En 2017, la Superintendencia tomó posesión de los bienes de Ocean S.A. y luego el Distrito inició un proceso de intervención, selló las obras y nombró un agente para administrar lo que quedaba del proyecto. Según las autoridades, los desarrolladores habían recogido más de 32 mil millones de pesos en ventas de apartamentos y 8 mil millones en créditos bancarios, pero una parte significativa de esos recursos se desvió a otros fines, como la torre hotelera, que también quedó inconclusa.
En paralelo, la fiduciaria Alianza fue declarada responsable por negligencia al no garantizar el adecuado manejo de los recursos. La justicia ordenó indemnizar a algunos compradores afectados, como Graciela Rincón, quien había invertido cerca de 500 millones de pesos. Se identificaron desvíos por más de 20 mil millones y un capital del promotor insuficiente para sostener la obra.
Las torres permanecieron durante años como un monumento al fracaso, erosionando la confianza
en el mercado inmobiliario cartagenero. Entre 2022 y 2023, la Alcaldía reforzó su intervención y
selló formalmente el predio. La Personería, la Oficina de Gestión de Riesgo y otras dependencias
acompañaron la diligencia mientras se buscaba una salida definitiva. En paralelo, la Procuraduría
abrió pliegos de cargos contra exfuncionarios del Distrito por omisión en sus deberes de control.
En medio de este escenario sombrío, surgió una luz de esperanza. Cuando las dos empresas manifestaron su interés en rescatar el proyecto. Por un lado, Civiscorp Group, filial colombiana de la multinacional española Civis Global, con experiencia en carreteras, puertos y rehabilitación de edificios en varios países. Por el otro, Prodegi, una compañía con trayectoria en la Costa Caribe en proyectos residenciales, empresariales y hoteleros.
Actualmente Prodegi, está encabezada por Sergio y Fernando Araujo —este último con pasado como ministro en los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe—, con esta empresa, los Araujo había participado en obras emblemáticas en el Caribe, como Zona Franca Parque Central en Turbaco el conjunto residencial Solei, la Torre Empresarial Prodegi, el edificio San Basilio y otras en Cartagena, y también en Panamá, como el Hotel Las Américas Golden Tower.
La propuesta de las 2 empresas se presentó como una apuesta para darle sentido a una construcción estancada que perjudicó a decenas de familias. Civiscorp, por su parte, planteó una reestructuración integral y mostró credenciales en rehabilitación urbana y proyectos de gran escala.
La Alcaldía de Cartagena evaluó ambas opciones y, aunque no ha hecho público cuál de las dos será la elegida, dejó claro que la prioridad será garantizar que los compradores e inversionistas afectados no queden otra vez en el vacío. La intención es que quien asuma la obra no solo la termine, sino que también repare, en lo posible, el daño causado por una década de incumplimientos.
El reto para los nuevos inversionistas es enorme. Más allá de completar los pisos de concreto y vidrio que faltan, tendrán que reconstruir la confianza y enfrentar la compleja maraña legal y administrativa que dejó el Grupo Ocean. Quienes han seguido de cerca el caso aseguran que el proyecto aún tiene potencial: la ubicación sigue siendo inmejorable y la demanda de vivienda de lujo en Cartagena no ha desaparecido.
Mientras Civiscorp y Prodegi compiten por quedarse con el proyecto, los compradores esperan que esta vez alguien cumpla con lo prometido. En los próximos meses, la Alcaldía deberá tomar una decisión definitiva y supervisar que, por fin, las torres abandonadas dejen de ser un símbolo de engaño para convertirse en lo que siempre debieron ser: un hogar y un espacio digno en la ciudad heroica.
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