Una semana le bastó al presidente Petro para hacer efectiva la renuncia de Colombia al carácter de miembro asociado de la Organización del Atlántico Norte (OTAN), y en paralelo quedáramos cubiertos por la sombra geoestratégica de Venezuela y la fuerza armada bolivariana. Lo primero se hizo a través de tajante instrucción presidencial. Así fuimos excluidos de un selecto círculo que dispensaba asistencia militar, intercambio de información y ejercicios conjuntos frecuentes.
Para formalizar el tutelaje por parte del país vecino se aprovechó la firma de un nuevo acuerdo que dispone la creación de una zona de paz, unión y desarrollo binacional, disfrazando de propósitos económicos lo que en realidad tiene mucho de político y militar. Nicolás Maduro entusiasta hizo la presentación del nuevo instrumento y Alfredo Saade, el jefe de gabinete presidencial, declaró con cinismo evidente que el trato fue suscrito con un gobierno legítimamente elegido por el pueblo de Venezuela.
Lo no referido por estos personajes es que la gestación del acuerdo estuvo rodeada de secretismo: no hubo aviso previo sobre el propósito oficial; no se escuchó a los ciudadanos ni a los empresarios interesados.
Además, ciertas versiones señalan que los asesores jurídicos y técnicos del Ministerio de Comercio tampoco fueron consultados. Tal circunstancia y el hecho de que fuera Saade el encargado de tramitarlo, indicaron sin duda que se trataba de un acuerdo de asociación política entroncado con la seguridad estratégica, el cual podría extenderse a cualquier otro tema o área geográfica de los países firmantes.
La conclusión fue reforzada por Maduro quien al explicar el instrumento anunció que la zona involucrada crecería a futuro para incluir los departamentos colombianos de La Guajira y Cesar, mientras se materializan planes binacionales de unión política de las autoridades, los pueblos, los movimientos sociales y políticos, permitiendo la coordinación permanente militar y policial.
Si a lo dicho añadimos las dificultades registradas para el intercambio con Venezuela habida cuenta de las sanciones establecidas por los Estados Unidos, se hace claro que el propósito principal del acuerdo no está referido al impulso de la actividad comercial.
El proceso de convergencia ideológica, militar y política que comienza a concretarse tendrá inmensos costos, pero al parecer eso tiene sin cuidado al gobierno del Pacto Histórico
Quizá está en juego algo tan trascendental para quienes nos gobiernan, que amerita sacrificar la soberanía y perdonar las tropelías de aquel régimen responsable de aplastar su democracia mientras comparte manteles con algunos de los actores más tenebrosos del contexto internacional.
Pero el documento firmado con Venezuela tiene unas dimensiones que deben ser examinadas por los demócratas y la institucionalidad de Colombia. ¿Será posible un ejercicio electoral respetuoso del sufragio en territorios administrados junto a un poder extranjero que traiciona los veredictos de la democracia? ¿Hacia qué partidos o personas se inclinará el favor venezolano con ocasión del evento electoral? De manera adicional ciertos alcances que Maduro da al acuerdo deben dilucidarse: ¿En qué consiste la unión política de las autoridades, los pueblos, los movimientos sociales y políticos? ¿Qué se entiende por coordinación policial y militar permanente?Maduro fue explícito al afirmar que dentro del acuerdo será prioridad la erradicación de los cultivos de coca establecidos al noreste de Colombia. Cabe preguntarse con que mano de obra o fuerza se efectuará el procedimiento. ¿Actuará personal militar extranjero? ¿Qué garantía puede darse sobre su neutralidad si el resultado electoral no favorezca los candidatos afines al gobierno venezolano ?
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