En 2018, el entonces magistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló se mostraba especialmente sensible frente a las denuncias sobre la existencia del cartel de la toga, una denominación que significaba que la corrupción está permeando los más altos círculos de la administración de justicia. Sus compañeros de esa época recuerdan que fue él quien le exigió a su colega Gustavo Malo, también de la sala penal, que renunciara a esa dignidad y que afrontara desde el asfalto una investigación penal que habría de llevarlo a la cárcel por exigir dinero para modificar el sentido de sus fallos.
Justo por esos días a Barceló le fue asignado un proceso contra el representante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma por haberle ofrecido un soborno al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz a cambio de liberarse de condena por peculado y lavado de activos por hechos ocurridos cuando fue alcalde del municipio del Medio Baudó, en el departamento del Chocó.
El magistrado autorizó a la policía judicial para interceptar la línea celular asignada por el Congreso a Córdoba. Sin embargo, por una aparente equivocación el teléfono interceptado durante varios días resultó ser el del expresidente Álvaro Uribe Vélez quien había sido elegido senador en marzo del 2018 como cabeza de la lista del Centro Democrático que logró 19 curules. Si bien lo que parecía ser un error fue identificado y puesto de presente a tiempo, el despacho a cargo del proceso consideró que los contenidos de las grabaciones ofrecían mérito para una investigación contra el exmandatario y abrió el camino para que la Corte las usara como una especie de auto cabeza de proceso.
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Así, el entonces senador Uribe pasó de ser acusador a acusado. Él, que en 2014 había denunciado penalmente al congresista Iván Cepeda por estar buscando testigos que lo vincularan con el paramilitarismo, resultó convertido en procesado bajo la presunción de que en sus conversaciones grabadas accidentalmente con el abogado penalista Diego Cadena dejaba ver su intención de modificar las versiones de quienes pudieran relacionarlo con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas en la finca Guacharacas de propiedad de la familia Uribe, en Antioquia.
La Corte Suprema no atendió las razones expuestas por la defensa de Uribe en el sentido de que las interceptaciones no tenían respaldo legal porque no estaban expresamente autorizadas, porque violaban el derecho a la intimidad de su cliente y adicionalmente porque fueron manipuladas mediante edición, además de que no habían sido puestas en cadena de custodia judicial, como lo exigen las normas procesales.
El magistrado Barceló se mantuvo firme en su postura y se convirtió en blanco de críticas y cuestionamientos de amigos y aliados de Uribe, quien renunció a su investidura como senador el 24 de julio del mismo año tan pronto la Corte lo llama a rendir indagatoria. La carta es publicada en su cuenta de X y se poner entonces a disposición de la Fiscalía pues alegaba que no tenía garantías ante los posibles sesgos de la Corte.
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Otras situaciones judiciales que rondaban al expresidente Uribe
Los ataques a Barceló escrutaban en algunas de sus más recientes actuaciones. Entre ellas estaba la condena a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio -integrantes del gabinete de Uribe- en el sonado proceso de la ‘yidispolítica’. También, la confirmación de la sentencia contra Alberto Velásquez, Secretario general de la presidencia de la República durante el primer gobierno de Uribe. Para los sectores afectos al exmandatario todo esa situaba al magistrado Barceló en la cuerda de los anti-uribistas. Recordaban además que el jurista era uno de los convencidos de que Uribe había “chuzado” las líneas de los congresistas y ordenado, posiblemente, seguimientos ilegales contra ellos.
José Luis Barceló se retiró en de la Corte el 15 de marzo de 2019, al cabo de ocho años de ejercicio como magistrado de la Sala Penal. Para entonces Uribe se hallaba vinculado a un tormentoso proceso en la Fiscalía, donde no prosperaron dos intentos de archivo de su caso, el último en cabeza del fiscal Gabriel Jaimes y terminó cobijado por el llamamiento al juicio que acaba de concluir.
Barceló se marchó dejando tras de sí la imagen de un juez duro y vertical que revocó la absolución concedida por un tribunal al excongresista Alberto Santofimio Botero y lo condenó en calidad de determinador del magnicidio de Luis Carlos Galán.
Durante su ejercicio como abogado litigante Barceló ha seguido siendo blanco de críticas por su ejercicio con defensor de políticos cuestionados. Entre sus clientes han figurado el exsenador Arturo Char, procesado por posible compra de votos.
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Barceló, hijo de un ciudadano español casada con una dama boyacense, trabajó desde sus primeros tiempos como abogado en despachos judiciales. Empezó como notificador y se formó bajo la guía de Ricardo Medina Moyano, uno de los magistrados inmolados durante la toma del Palacio de Justicia en 1985. Otro de los puntos que buscan anotarse sus críticos es que como magistrado votó a favor de la absolución del coronel Alfonso Plazas Vega quien, como comandante de la Escuela de Caballería del Ejército, encabezó la trágica retoma del Palacio.
Además del litigio, Barceló regresó a la cátedra del Derecho en prestigiosas universidades del país y aunque mantiene un perfil bajo, su nombre figurará para siempre en la galería de los personajes del llamado juicio del siglo, como se ha denominado el proceso contra Álvaro Uribe.
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