El político cordobés Carlos Camargo Assís, exdefensor del pueblo y exmagistrado del Consejo Electoral, lleva a cuestas una especie de sambenito: cada vez que aspira a un alto cargo en el Estado tiene que enfrentarse a cuestionamientos que buscan inhabilitarlo. Le ocurrió en 2019, cuando era uno de los más fuertes aspirantes a la Registraduría Nacional y le vuelve ocurrir ahora, cuando se da prácticamente como un hecho la inclusión de su nombre en la terna para magistrado de la Corte Constitucional.
En 2019, este cordobés yerno de la matrona política Nora García Burgos y primo del excongresista David Barguil Assís, se perfilaba como el más fuerte candidato a registrador del Estado Civil. Sin embargo, una denuncia anónima que se expandió como pólvora le atribuyó supuestos manejos irregulares como director de la Federación Nacional de Departamentos. Los cuestionamientos incluían el uso de la tarjeta corporativa para gastos personales y la entrega de contratos a personas cercanas a los altos tribunales con injerencia en la elección del Registrador. Si bien las acusaciones no ofrecieron mayor sustento, Camargo declinó su candidatura el 9 de agosto de ese año y dejó el camino abierto a la elección de Alexander Vega.
Hoy su aspiración a la Corte Constitucional comienza a verse cuesta arriba. La diferencia esta vez es que la Fiscalía General de la Nación ha metido baza en los cuestionamientos que Camargo venía recibiendo por parte del sindicato de la Defensoría del Pueblo desde cuando estuvo al frente de ese organismo, desde el primero de septiembre de 2020 al 31 de mayo de 2024; cargo al que renunció tres meses antes de concluido su período y en el que fue reemplazado por Iris Marín, quien resultó elegida de una terna solo femenina presentada por el Presidente Petro.
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La Fiscalía ordenó este 30 de julio de 2025 una inspección a las oficinas principales de la Defensoría para buscar evidencia sobre el uso de laboratorio forense para hacer espionaje interno en la entidad.
Las denuncias en su contra no son nuevas, pero cobran actualidad porque ahora podrían hacer parte de un sumario judicial. Se refieren en concreto al presunto uso indebido de parte de los recursos de un crédito de US$18 millones que el Banco Interamericano le hizo en su momento a la Defensoría para la compra de laboratorios forenses. La moderna infraestructura fue puesta en servicio y el día del lanzamiento del complejo tecnológico Camargo recalcó en la idea de que el engranaje estaría al servicio de investigaciones científicas asociadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y serviría también para facilitar la obtención de pruebas técnicas por parte de los defensores públicos.
Por esos días, un sector de los trabajadores de la entidad cuestionó la firma de uno de los contratos ejecutados para la instalación de los laboratorios. Se Trataba de un negocio por $2.000 millones celebrado con una firma de expertos Adalid Corp., fundada por Andrés Guzmán Caballero, abogado compañero de estudios de Camargo en la Universidad Sergio Arboleda.
En noviembre de 2021 Guzmán había llegado al cargo de defensor delegado para los Derechos en los Entornos Virtuales y la Libertad de Expresión. Su pasó por allí fue breve porque luego aceptó irse a trabajar como asesor del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A juicio de la organización sindical el laboratorio fue usado para hacer “espionaje interno y rastrear las comunicaciones de personas a las que el defensor consideraba enemigos o detractores suyos”.
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El nuevo escrutinio en su contra se da al aproximarse la elección del magistrado de la Corte Constitucional que sucederá al jurista José Fernando Reyes, cuyo periodo de ocho años concluye en septiembre próximo. Con Camargo hay otros 67 aspirantes, pero hasta el momento se considera uno de los mejores renqueados ante la Corte Suprema de Justicia, corporación que conformará una terna de aspirantes para enviarla al Senado.
Camargo ha guardado hasta ahora silencio, pero varios de sus amigos consideran extraño que la Fiscalía y la Defensoría se unan ahora en una indagación en su contra y estiman que podrían haber una cacería política para dañar la candidatura de un hombre cercano a las huestes de los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque quien lo incluyó en la terna para la Defensoría y el gobierno no fue ajeno a su campaña en la Cámara de Representantes done barrió el 20 de Agosto del 2020.
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