Álvaro Uribe Vélez, fiel exponente del neoliberalismo en Colombia y Latinoamérica, dejó una profunda huella en la estructura del Estado colombiano. Durante su gobierno aplicó con disciplina las recetas clásicas del modelo: redujo el tamaño del aparato estatal, suprimió ministerios, fusionó entidades y liquidó instituciones públicas enteras. Esta política, presentada como modernizadora, arrojó a millones de trabajadores a la calle y debilitó la capacidad del Estado para cumplir funciones esenciales.
Sin embargo, como las tareas del Estado no desaparecen con sus instituciones, Uribe abrió de par en par las puertas a la tercerización, especialmente mediante los contratos de prestación de servicios. Así, funciones permanentes fueron entregadas a manos precarias, sin estabilidad laboral, sin garantías sindicales ni acceso a los derechos fundamentales del trabajo. El Estado se transformó en uno de los principales violadores del trabajo decente y la meritocracia que él mismo estaba llamado a proteger.
Lo paradójico es que ese legado ha sido cuidadosamente preservado —y hasta perfeccionado— por quien en el discurso se presenta como su más férreo opositor: Gustavo Petro. Con apenas matices, su gobierno ha reproducido el mismo modelo de flexibilización labora y clientelismo en el sector público, manteniendo —e incluso ampliando— el uso de contratos temporales para cubrir necesidades estructurales del Estado.
Si bien bajo el mandato de Petro el Estado se ha ensanchado y ha crecido —como lo demuestra la creación del Ministerio de la Igualdad, el libreto sigue siendo sorprendentemente similar. La diferencia radica en que ahora, bajo una retórica progresista, se ha intensificado una lógica de gubernamentalidad del clandestinismo, donde el Estado no solo se expande, sino que también se opaca.
En lugar de fortalecer la institucionalidad con criterios técnicos, meritocráticos y con garantías para el empleo digno, muchas entidades públicas se han convertido en monedas de cambio al servicio de la gobernabilidad. La burocracia directiva se reparte entre sectores de la clase política que apoyan al gobierno, reproduciendo el viejo clientelismo con nuevos rostros y nuevas banderas.
El resultado es un Estado más grande en apariencia, pero igual de fragmentado y funcional al poder político de turno. La tercerización no desaparece, solo se disfraza. Los contratos de prestación de servicios continúan siendo la regla, no la excepción. La promesa de formalización laboral para miles de trabajadores sigue postergada indefinidamente, mientras se habla de “transformaciones sociales” desde una estructura administrativa que sigue precarizando a su base laboral.
Lo que Uribe instauró como doctrina económica, Petro lo ha convertido en una práctica de gobierno con rostro progresista. El contenido, sin embargo, sigue siendo el mismo: un Estado que se acomoda a los intereses del poder, que transa gobernabilidad por cargos, y que, en lugar de garantizar derechos, los negocia.
También le puede interesar:
Anuncios.
Anuncios.
