La política exterior, a menudo marcada por la prudencia diplomática, se ve ocasionalmente agitada por declaraciones que trascienden las fronteras y redefinen el mapa de las relaciones bilaterales. El 10 de febrero de 2023, el Congreso de Perú declaró al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como “persona non grata”. Esta medida, drástica en la diplomacia internacional, no fue una decisión aislada, sino la culminación de un periodo de alta tensión. El origen se encuentra en las palabras de Petro, quien comparó el accionar de la Policía Nacional de Perú (PNP) durante las protestas sociales con las tácticas de las tropas nazis.
Este comentario, percibido como una ofensa grave por el parlamento peruano, profundizó la brecha que ya existía entre ambos países. La relación se había deteriorado notablemente tras la destitución de Pedro Castillo, un proceso que Petro y otros líderes regionales calificaron de irregular, lo que llevó a la retirada temporal de embajadores. La declaración de "persona non grata" fue un síntoma de una crisis diplomática más profunda, en la que las visiones políticas opuestas chocaban en el escenario regional.
La isla que reavivó la llama de la tensión
Cuando parecía que las aguas diplomáticas comenzaban a calmarse, una nueva y compleja disputa ha resurgido en el paisaje amazónico. En julio de 2025, el Congreso peruano aprobó la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, una iniciativa que, a primera vista, podría parecer un mero trámite administrativo. Sin embargo, esta decisión generó de inmediato una enérgica nota de protesta por parte de Colombia, ya que el nuevo distrito se asienta en la isla de Santa Rosa, un territorio sobre el cual ambos países reclaman soberanía.
El meollo del conflicto reside en la naturaleza misma de la isla. A diferencia de las formaciones territoriales históricas, Santa Rosa es una isla de formación reciente, emergida en el cauce del río Amazonas alrededor de 1970. Esta particularidad la sitúa en una zona gris de los acuerdos bilaterales. El Tratado Lozano-Salomón de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 —pilares de la delimitación fronteriza— no contemplan la existencia de una isla que no existía en el momento de su firma.
La interpretación de los tratados y el futuro de las relaciones
Colombia, en su argumentación, sostiene que la soberanía de estas nuevas formaciones debe definirse por criterios técnicos y geográficos, como la línea de mayor profundidad del río o la equidistancia entre las riberas. Se trata de un enfoque que busca aplicar principios modernos de derecho fluvial a una situación no prevista en los tratados originales. Por su parte, Perú se aferra al principio de la ocupación efectiva, defendiendo su soberanía con el argumento de que la isla ha sido históricamente habitada y administrada por población peruana.
Esta disputa territorial, aunque en un principio parezca de menor envergadura, tiene el potencial de revertir los esfuerzos de normalización que se venían gestando en 2025. Los acuerdos para relanzar los lazos diplomáticos y fortalecer la cooperación entre ambas naciones se ven ahora supeditados a la resolución de un problema territorial que exige no solo una reinterpretación de los antiguos tratados, sino también una nueva forma de entender la diplomacia en el cambiante contexto geográfico. El caso de la isla de Santa Rosa es un recordatorio de que, en política exterior, el pasado y el presente están intrínsecamente ligados, y que las palabras pronunciadas hoy pueden tener resonancias inesperadas en el futuro.
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