La entrevista que concedió el abogado Rodrigo Uprimny al director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, y Johana Vargas, de la Unidad Investigativa, fue muy aclaratoria sobre el origen y desarrollo de la investigación, el juicio y la condena contra el expresidente Álvaro Uribe.
Después que los dos periodistas entrevistaron al exfiscal General y exprocurador General de la República, Alfonso Gómez Méndez, quien no descalificó a la juez, en su entrevista Rodrigo Uprimny, profesor de la universidad Nacional, exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema e investigador de De Justicia, dio una auténtica clase en términos sencillos, para estudiantes y profesionales del Derecho, como para los televidentes promedio, que compartimos la fortuna de verla y escucharla.
Siguiendo la cronología del proceso que se originó en 2012, en el primer gobierno de Santos, cuando en su calidad de integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Iván Cepeda visitó varias cárceles para conocer el estado de reclusión de los condenados y uno de ellos solicitó audiencia para denunciar, como testigo, de la creación del bloque Metro de las AUC, en la hacienda Guacharacas, con la participación de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, (en compañía de sus vecinos hacendados, Luis “El Tubo” Villegas y los Gallón Henao, vinculados al narcotráfico y al robo de combustible del oleoducto de Ecopetrol. -Villegas, vinculado a la expedición del cheque para el pago del sicario que mató al director de El Espectador, Guillermo Cando Isaza-; los Gallón vinculados al asesinato del defensa de la selección Colombia de futbol, Andrés Escobar).
Con base a la información que le suministró Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la finca de los Uribe Vélez, Iván Cepeda inició un debate en la Cámara denunciándolos por participar en la creación de grupos paramilitares. El expresidente Álvaro Uribe, denunció a Cepeda por supuesta compra de testigos para que declararan falsedades en su contra. Por ser fuero de la Corte Suprema que investiga a los Congresistas, el máximo ente judicial del país, lo investigó por varios años, exonerándolo al no encontrar pruebas. Sin embargo, en el transcurso de la investigación, por accidentales interceptaciones telefónicas, la CSJ si encontró indicios que el que estaba comprando testigos falsos era Álvaro Uribe y por eso, en 2018 le abrió una investigación, pues estaba en su fuero al ser senador por su partido el Centro Democrático.
Después de investigar y allegar pruebas, la CSJ ordenó la detención domiciliaria del expresidente Uribe, quien se recluyó en una de sus haciendas, el Ubérrimo, y buscando eludir la justicia renunció a su curul en el Senado para que la investigación fuera trasladada a la justicia ordinaria y a la Fiscalía del recién posesionado, Francisco Barbosa, compañero de pupitre del presidente Duque y también copartidario de su partido el Centro Democrático.
El Fiscal Barbosa encargó del caso a Gabriel Jaimes, quien no le dio valor de prueba a las investigaciones adelantadas por la CSJ y junto al delegado de la Procuraduría de la Cabello Blanco, solicitaron a la juez de reparto la preclusión de la investigación por falta de pruebas. La jueza estudió el proceso y los alegatos de los defensores del expresidente (incluida la Fiscalía y la Procuraduría) y encontró que contaban con pruebas suficientes para abrir una investigación y negó la preclusión. La defensa del expresidente apeló ante el Tribunal Superior de Bogotá, y los magistrados escogidos por sorteo, le dieron la razón a la juez. El caso volvió a otra juez de reparto y otro fiscal, junto al delegado de la Procuraduría, volvieron a solicitar la preclusión, pero la juez la negó.
Esta doble negativa más un pronunciamiento de la Corte Constitucional, según Uprimny, obligaba a la Fiscalía a pasar de defensor de Uribe a acusador, teniendo en cuenta las pruebas anteriores que intentaron invalidar. Esto sucedió cuando en el gobierno de Petro fue elegida la nueva Fiscal Luz Adriana Camargo y al funcionario que nombró le tocó acusar, ante la juez designada también por sorteo, Sandra Heredia, que finalmente condenó al expresidente a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno a testigo, después de llevar hábilmente el juicio, sorteando toda clase de jugadas dilatorias y tutelas, más la intensa presión que desde El Tiempo, la revista Semana, RCN radio y Televisión, la FM, Blu radio, entre otros grandes medios, ejercieron semanas antes de dar a conocer el veredicto, difundiendo entrevistas a exmagistrados y juristas, amigos y copartidarios del expresidente que aseguraban que era inocente de todo cargo y hasta investigando su vida familiar y personal.
Este proceso además contó con la presión de congresistas y altos funcionarios del gobierno de Trump afines ideológicamente con el Centro Democrático, quienes en una actitud, “imperialista”, como lo expresó Uprimny se atreven a intervenir en el sistema judicial de otros países, sin mayor autoridad moral, pues su presidente fue condenado por sobornar a una testigo, y la Corte Suprema con la mayoría de magistrados conservadores nombrados por Trump, lo libró de investigaciones tan graves, como el intento de fraude electoral en el estado de Georgia y la toma violenta del Capitolio el 20 de enero de 2020, para impedir que la Cámara de Representantes posesionara a Biden.
La condena sin confirmar de Álvaro Uribe, pues fue apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá, demostró que en Colombia los jueces no se someten a presiones de los llamados intocables, y se les plantan, por más poderosos que sean, concluyó Rodrigo Uprimny en la entrevista a Caracol TV.
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