La empresa de servicios postales 4-72 es uno de los secretos mejor guardados del Estado colombiano; dirigirla es un puesto muy apetecido con un buen presupuesto y una nómina nada despreciable. El político barranquillero Juan García Estrada le puso el ojo al cargo y consiguió que Mauricio Lizcano como
Ministro de las Tics lo nombrara en octubre del 2023.
Estrada siempre ha apostado duro en política, fue concejal del Movimiento Ciudadano aunque el voto popular le ha sido esquivo, logró eso sí la Alcaldía de Barranquilla como encargado, luego de que su jefe y mandatario titular, Guillermo Hoenigsberg Bornacelli, fuera enviado a la cárcel por corrupción en 2007. Ambos formaban parte del grupo político del Cura Bernardo Hoyos quien operaba desde el Rincón Latino y también terminó preso por corrupción.
El entonces presidente Álvaro Uribe le dio a García Estrada ese palomazo por decreto durante un poco más de siete meses: del 23 de mayo de ese año hasta el 2 de enero de 2008. Su paso por el cargo fue breve y controvertido y no le dio para alcanzar los réditos necesarios para hacerse elegir en las urnas ni para llegar a la gobernación del Atlántico durante la campaña de 2015, cuando fue derrotado por el constituyente del 91 Eduardo Verano de la Rosa. Tampoco logró una curul en el Congreso de la República como Representante a la Cámara por el Atlántico.
Sin embargo, siempre se ha buscado en perfil alto. Y lo logró con la llegada a la presidencia de los Servicios Postales 4-72 que en el pasado había sido ocupado por casi seis años 2012-2018 en el gobierno de Juan Manuel Santos, por Adriana Barragán, esposa de Alfonso Prada, embajador de Colombia en Paris, quien salió investigada por la Procuraduría.
Uno de sus primeros actos cuando tomó las riendas de 472 a comienzos en octubre del 2023, consistió en reunirse con el presidente Gustavo Petro para comenzar a abonar el camino para ampliar el portafolio de servicios de la entidad y convertirla en operadora de servicios para organización de eventos oficiales, En esa ocasión impartió instrucciones a su equipo de prensa para encabezar el comunicado con el sugestivo título de “un encuentro de presidente a presidente”.
García Estrada, con un pasado oscuro y la movida con la Triple A que no le salió
En su hoja de vida apenas menciona su experiencia en cargos públicos en Barranquilla. No suele recordar que sus primeros pinos en la política los dio bajo la tutela del cura Bernardo Hoyos, cuyo destino, igual que el Hoenigsberg, también fue la cárcel. Tampoco que era uno de los habituales de las ´homilías’ de Hoyos en el Rincón Latino de Barranquilla.
Prefiere recrear la historia que lo muestra como un emprendedor graduado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y especializado en administración de empresas en la Universidad del Norte y como creador de una firma de mensajería en aquella ciudad.
No es barranquillero. Nació en San Jacinto, Bolívar, pero emigró de ella cuando tenía 17 años (hoy tiene 61) y luego de su militancia en el Movimiento Ciudadano de Hoyos, se fue en busca de sus propios destinos burocráticos cuando se produjo una fuerte división en el seno de esa organización.
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Guillermo Hoenigsberg le dio cabida en su gabinete como secretario de Gobierno, cargo que lo convirtió en interlocutor del concejo distrital. Pero cuando le llegó el palomazo, tras la captura de su jefe en 2007, actuó a espaldas de ese cuerpo colegiado.
En una detallada memoria sobre la crisis que siguió a la transformación de las Empresas Públicas de la ciudad en la Triple A -con predominio de capital español- en periodista Jorge Mariano lo recuerda como el funcionario que le agregó con su bolígrafo dos otrosíes a un contrato derivado del Acuerdo 013 de 2001 relacionado con la forma como debían ser hechas las transferencias y pagos de los recursos destinados a cubrir los subsidios a los usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
En una de sus cláusulas redactadas en su escritorio estableció, a favor de la Triple A, el pago de 22.993 millones 649 mil pesos correspondientes, según Mariano, a la supuesta diferencia entre los aportes de los usuarios de los estratos 5 y 6, comercial e industrial, destinado para los estratos 1, 2 y 3, acumulados durante las vigencias 2002, 2003, 2004 y 2005.
También metió mano en el aumento de los porcentajes de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, dispuso sobre el manejo de sus excedentes y facultó a la Triple A para descontar de las regalías del Distrito los dineros que fuesen necesarios para cubrir las obligaciones por concepto de subsidios. También quiso blindar ante acciones judiciales los reclamos de deudas derivadas del otorgamiento de subsidios.
Un tribunal de arbitramento, conformado por los juristas Hernando Herrera Mercado, Felipe Tovar De Andreis y Orlando Abello Martínez Aparicio, declaró nulos los otrosíes porque su aprobación solo hubiese sido posible a instancias del Concejo. El tribunal actuó por solicitud de Alejandro Char cuando asumió por
primera vez la Alcaldía de la ciudad.
Los planes con el 472 para disparar la facturación
El ex ministro de las TIC y ahora precandidato presidencial, el político caldense del Partido de la U, Mauricio Lizcano, había visto en el 472, igual que su presidente García Estrada la oportunidad de una reestructuración “para optimizar sus operaciones y mejorar la calidad del servicio” pero en el fondo buscaban habilitarla como un operador logístico de eventos con alta capacidad de contratación, poco que ver con la misión para la cual había sido creada en 2006 en el segundo gobierno de Álvaro Uribe para reemplazar a Adpostal.
García Estrada, amigo de los esguinces legales
Quienes lo conocen de cerca aseguran que a Juan García Estrada le gustan las decisiones que no tienen que pasar por filtros legales. Como la que tomó al suscribir con el ministro del Interior, Armando Benedetti, convenios interadministrativos que convirtieron a 472 en operadora logística de
eventos, cuyos montos rondan los 183.000 millones de pesos.
El objeto general del convenio está descrito así: “Prestar los servicios de operación logística para llevar a cabo la organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades logísticas que se requieran para el desarrollo de las funciones, planes, programas y metas del Ministerio del Interior.
El presidente del 472 habia encontrado un camino para facturar y lo aplicó a fondo. En el 2024 celebrado contratos por $310 mil millones y en los primeros seis meses del 2025 ya había acordado más de $218 mil millones para realizar eventos públicos que involucraba transporte, logística como el firmado con Benedetti .
A juicio de expertos como Rodrigo Fernández, miembro de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, los convenios interadministrativos se han convertido en una riesgosa fórmula recurrente para eludir obligaciones establecidas en el Estatuto de Contratación Pública.
Por esa vía se metió 472 en el mercado de la organización eventos logísticos donde hoy compite con otros grandes operadores como Plaza Mayor que continúa con el contrato de la Presidencia de la República que firmó en abril Laura Sarabia como directora del Dapre.
Un directivo de una de las firmas operadoras que ha visto limitada su operación en el negocio por negarse a manejar el dinero en efectivo que, por decisión de algunas entidades oficiales debe ser entregado a asistentes a los eventos, “los convenios interadministrativos se han convertido en la mejor forma de dar contratos a dedo, sin compromisos en valores y manejar caja menor para contratos, subsidios y proveedores de cada entidad por voluntad del funcionario de turno”.
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