Si los hechos ocurrieron tal y como lo presume la Fiscalía al acusarlo ante la Corte Suprema de Justicia, en 2008 Antonio Sanguino movió sus influencias para que su amiga y copartidaria Liliana Patricia Paternina fuera nombrada por la Alcaldía de Bogotá gerente del Hospital de Usme, en el sur de la ciudad.
Eran los tiempos en que Sanguino, como concejal del Polo Democrático, figuraba como la figura más representativa de su bancada. era considerado como el principal interlocutor de la administración del alcalde Samuel Moreno Rojas y hombre cercano al senador Iván Moreno, hermano del mandatario y zar de la contratación.
El entonces concejal Sanguino, hoy ministro del Trabajo, buscó blindarse a toda costa cuando trascendieron a la opinión pública denuncias según las cuales estaba buscando sacar provecho ilícito de esa cuota burocrática. Las acusaciones no eran menores: versaban sobre las exigencias que el cabildante le estaba haciendo a su recomendada para que le reservara el diez por ciento sobre los
contratos públicos.
Desde entonces, la Fiscalía le seguía a los pasos a Héctor Julio Gómez González, quizá el más poderoso contratista de la ciudad y presunto puente de negocios non santos con concejales y funcionarios distritales.
El control político no reposaba estaba vez en hombros del Concejo de la ciudad, sino que lo ejercía desde el Congreso de la República en parlamentario Gustavo Petro, que cuatro años después sería elegido alcalde. Petro y los integrantes de la Unidad Legislativa hurgaron literalmente en los negocios públicos y construyeron una narrativa de fiscalización bajo el título del carrusel de la contratación en
Bogotá. En ese ejercicio acompañaron a Petro personas que hoy son figuras prominentes del gobierno nacional, entre ellos Augusto Rodríguez, hoy director de la Unidad Nacional de Protección.
Petro generó una fuerte ruptura en el Polo Democrático, su base política antes del surgimiento del Pacto Histórico, al documentar que la Alcaldía de la ciudad, controlada por la izquierda, pedía legitimidad por cuenta de negocios espurios que comprometieron no menos de $89.000 millones en contratos adjudicados a dedo.
La salud tuvo un capítulo especial en el dossier de Petro incluyó dotación de hospitales, compras de ambulancias para la Secretaría Distrital de Salud y movimientos burocráticos en las nóminas de entidades prestadoras del servicio, como el que hoy se atribuye a Sanguino, convertido actualmente en su ministro
del Trabajo.
Sanguino ha estado estos pendientes del fallo definitivo de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, uno de los proyectos estratégicos del gobierno del presidente Petro, pero este 14 de agosto deberá suspender su agenda para atender el llamamiento a juicio ante la Corte Suprema de Justicia.
Han transcurrido diecisiete años desde la ocurrencia de los hechos que ahora le llevan al banquillo de acusados. Eso demuestra la lentitud de los procedimientos en la justicia colombiana, pero al mismo tiempo sirve para comprobar que deudas tan antiguas como esas deben ser saldadas en el sentido en que lo indiquen los jueces.
El cuello de botella en este caso pudo estar en la Fiscalía. En medio de recursos y dilaciones, el organismo se tomó un buen tiempo en consolidar su acusación y la tuvo lista en octubre de 2024.
Los cargos que deberá refutar el ministro de Trabajo, en beneficio de su defensa, son los de tráfico de influencias y cohecho impropio. La Fiscalía General de la Nación ha descrito sus presiones para nombrar a una persona cercana en un cargo público con sensible manejo presupuestal, como la gerencia del Hospital de Usme. Tendrá que desafiar entonces pruebas aportadas por el ente investigador sobre exigencia de coimas.
Por los mismos hechos hay una causa disciplinaria pendiente en la Procuraduría y otra fiscal ante la Contraloría Distrital de Bogotá.
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