Veinticuatro horas antes de la instalación de la audiencia en la que la Fiscalía acusaría ante la Corte a la exministra Cecilia Álvarez-Correa Glen por el escándalo de Odebrecht, el ente investigador decidió rectificar su postura inicial y proponer que el proceso termine en preclusión, es decir, que sea archivado definitivamente por falta de méritos.
El viraje se produce después de siete años de incidentes desatados por la valoración de las pruebas que venían siendo interpretadas de manera muy distinta por los órganos de control. En el campo disciplinario, por ejemplo, hace ya dos años que la Procuraduría falló a favor de la exministra.
¿De qué iba a ser acusada? El ente acusador creía que cuando estuvo al frente de la cartera de Transporte, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ella autorizó la firma de dos otrosíes al contrato Ruta del Sol, segundo sector. A través de ellos se adicionó el tramo que conecta a Ocaña, Norte de Santander, con Gamarra, en Cesar. La adición, según las normas vigentes, requeriría un proceso de contratación independiente que no se habría surtido.
En 2023, cuando fue imputada de cargos, la resolución de la Fiscalía señalaba en su parte sustancial: “Para cumplir varias clausulas contenidas en los otrosíes y garantizar más fuentes de financiación a la concesionaria, de la que hacía parte Odebrecht, la entonces ministra emitió una resolución el 22 de julio de 2014, que permitió a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ instalar dos nuevas estaciones de peaje y subir el cobro en otras cinco que estaban en funcionamiento.
En ese momento el fiscal a cargo recababa en que la ministra de la época tendría un interés personal en el proyecto porque aparentemente favorecía interés de la familia de la también exministra Gina Parody, su compañera sentimental, que había hecho inversiones en unan iniciativa portuaria en Gamarra. La vía entonces valorizaría el proyecto.
La sombra de esos presuntos intereses desapareció cuando los investigadores miraron cronológicamente los hechos y decidieron absolver de todo cargo, en primer término, a la exministra Parody.
La exministra Álvarez tenía entonces que explicar por qué hizo ajustes en los costos de los peajes sin autorizaciones previas del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal (CONPES).
Ahora la Fiscalía tiene una lectura distinta de la situación, a partir del hecho que no hubo conflicto de intereses relacionados con la firma de los CONPES 3817 de 2014, sobre “importancia estratégica del proyecto vial autopista Ruta del Sol”; y 3758 de 2013 sobre el Plan para establecer la navegabilidad del río Magdalena.
También estima que, en esas condiciones, no existía el presunto conflicto que consistía es que la obra habría incidido en valorización de bienes de su familia ubicados sobre el trazado.
Gabriel Fernando Sandoval, fiscal delegado ante la Corte que ahora conduce la investigación, consideró que las conductas que se le endilgaban a la exministra no se enmarcan en las exigencias legales de tipicidad y culpabilidad y por eso pidió retirar la acusación.
En su lugar, le pidió al magistrado Édgar Caldas, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, habilitar la audiencia pero esta vez para sustentar una solicitud de preclusión.
La situación se ha prestado para confusiones porque en diciembre del año pasado la Procuraduría dejó en firme una absolución disciplinaria a favor de ambas. Lo que ocurre es que se trata, no solo de dos jurisdicciones distintas, sino también de dos casos distintos, aunque también ligados al entramado de Odebrecht.
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