La actividad en las Salas de Decisión de Pérdidas de Investidura del Consejo de Estado suele ser intensa: 21 procesos de esa naturaleza contra de representantes de la Cámara están en trámite allí y demandan la atención constante de sus magistrados a más de 15.000 folios que hoy hacen parte de los expedientes.
Allí deben ser resueltas, dentro de términos perentorios, demandas que guardan relación con los vicios políticos que históricamente afectan la imagen del Congreso ante los electores. En una estadística entregada a Las2Orillas por la secretaria general del alto tribunal, Diana Lucía Sánchez Serna se destaca que el mayor número de solicitudes (63 por ciento) están relacionadas con la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses.
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En esa escala sigue la falta de indebida destinación de dineros públicos, con el 9.6% de las solicitudes. Luego está la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses en conjunto con tráfico de influencias debidamente comprobado, con el 9.1 por ciento.
La Inasistencia en un mismo período de sesiones a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura, viene enseguida con el 4.9% de las solicitudes. La violación a los topes máximos de su financiación de su campaña electoral registra el 1.4% de demandas de pérdida de investidura contra los congresistas.
La Indebida destinación de dineros públicos en conjunto Tráfico de influencias debidamente comprobado (1.4% de las solicitudes) y la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses y el tráfico de influencias debidamente comprobado (1% de demandas) completan las categorías de conductas sancionables. (ver aquí la lista de procesos activos)
*Aunque el nombre de Miguel Uribe Turbay figura en la lista, el Consejo de Estados decidió suspender los procesos porque el demandado no estaba en capacidad de defenderse por el estado crítico en el que se encontraban que lo condujo a su muerte el 11 de agosto 2025.
El Representante David Racero está enfrentado a tres procesos de pérdida de investidura
Miradas nominalmente esas estadísticas se encuentra que el representante a la Cámara por Bogotá David Ricardo Racero Mayorca del Pacto Histórico, encabezaría el ranking como el congresista más encartado. Hay en total tres procesos de pérdida de investidura en su contra, que están siendo conocidas por los consejeros de Estado Fredy Ibarra Martínez y Jorge Iván Duque Gutiérrez.
David Racero arrancó empoderado por Petro y fue elegido como el primer Presidente de la Cámara de Representantes cuando inició el gobierno
Fuente Cámara de Representantes
Racero está demandado por los ciudadanos Sthefanny Ferney Gallo, Yoad Ernesto Pérez Becerra y Samuel Alejandro Ortiz Mancipe que lo acusan, por separado, de asignar a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo a labores relacionadas con un negocio de frutas y verduras de su propiedad, lo que constituiría una violación a las normas de regulan el uso de recursos públicos.
Ya antes, en septiembre de 2024, Racero había salido indemne de otra demanda que buscaba sacarlo de su curul porque las pruebas aportadas no fueron suficientes para probar que violó los topes de gastos de financiación de su campaña.
El tarimazo de los presos de Itagüí en Medellín le puede salir caro a la senadora paisa Isabel Cristina Zuleta
Contra la senadora Isabel Cristina Zuleta, también cercana al gobierno, están en trámite dos procesos. Uno de ellos por una posible extralimitación en la que habría incurrido al gestionar la excarcelación de nueve reclusos de la cárcel de Itagüí para que acompañaran en la tarima de un acto público al presidente Gustavo Petro.
Desde sus tiempos como congresista en hoy exministro, exembajador y precandidato a la presidencia de la República Roy Leonardo Barreras Montealegre tiene pendiente un proceso de la misma naturaleza ante el despacho de la magistrada Elizabeth Becerra Connejo. La sala de decisión examina si pudo haber violado en artículo 183 de la Constitución, relativo a inhabilidades, al gestionar nombramientos de la DIAN cuando todavía era congresista. Su elección como congresista ya había sido anulada por el Consejo en 2023.
Son muchos los procesos pendientes de congresistas que ya no están activos
Hay congresistas que también aparecen como demandantes. Ese es el caso de la representante a la Cámara Catherine Juvinao que ataca la investidura de su colega Luis Eduardo Diazgranados a quien acusa de ausentismo consuetudinario. El demandado tuvo acumuladas 60 insistencias entre 2014 y 2018 y se privó de participar en debates y votaciones clave.
Desde 1991, cuando la nueva Constitución consagró la sanción de pérdida de investidura hasta la fecha, el Consejo de Estado ha fallado 568 procesos de ese tipo. El primer parlamentario procesado fue Samuel Alberto Escrucería Manzi cuando ocupaba, a comienzos de la década de los 90, la presidencia del Senado. Escrucería fue un poderoso cacique que irradió su influencia política como miembro de una casta que dominó desde el puerto nariñense de Tumaco. (vea aquí el histórico de los procesos)
La lista se cierra parcialmente con el caso del liberal Juan Carlos Lozada, que llegó a la Cámara con una adulteración en el número de votos, con lo cual afectó al también aspirante Andrés Felipe Villamizar Ortiz.
El Consejo de Estado también ha resuelto en instancia definitiva numerosas acciones de pérdida de investidura como concejales, y no solo el volumen de casos, sino la manera en que han sido resueltos, demuestra que la figura de pérdida de investidura sigue siendo un importante instrumento de depuración en la política colombiana.
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