Colombia es un país marcado por la violencia política; desde el inicio de la república hasta hace poco más de un siglo, hubo numerosas guerras civiles que, en resumidas cuentas, eran dos partidos políticos luchando por el poder.
El siglo XX no tuvo guerras civiles, pero sí el inicio de lo que sería el conflicto armado más extenso de Occidente. Nuevamente, los protagonistas fueron el Estado y grupos insurgentes, luchando por el poder.
Si miramos cuántos candidatos presidenciales han sido asesinados en Latinoamérica, podremos notar que seis eran colombianos, de ocho en toda la región, lo cual es muestra de lo violenta que es la política en este país.
La violencia política en Colombia, lastimosamente, no debería ser en épocas contemporáneas algo nuevo para nadie, pero sí algo rechazado y repudiado por todos. Lo irónico es que en un gobierno que se autodenomina "el cambio" y "el gobierno de la vida" sea en donde se innovaron nuevas formas de ejercer esta violencia: bodegas financiadas e instruidas para acosar, difamar y calumniar a opositores en redes sociales.
Instituciones de inteligencia policial siendo utilizadas para intimidar a civiles irrumpiendo en sus viviendas por haber escrito un insulto, y lo peor de todo es que el mismísimo presidente de la república irresponsablemente señala directamente a civiles de asesinos, paramilitares e incluso nazis, exponiéndolos como enemigos públicos para que se inicie una cacería de brujas contra ellos.
Las denuncias por amenazas de muerte, acoso, calumnia, lesiones personales se cuentan por cientos, todo esto con la agravante de una coordinación presuntamente dirigida desde el interior del gobierno. Ser opositor hoy en Colombia es una labor de alto riesgo; no hay ARL que cubra un disparo a la cabeza, como el lamentable magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe.
Los opositores ya no tienen el reto de ganar las próximas elecciones, sino llegar vivos para contarlo.
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