Mónica María Botero López, jueza cuarta penal del circuito de Manizales, acaba de tomar una decisión que promete poner de nuevo en el foco de la opinión sobre ‘Pacho Malo’, un exdirector de la policía judicial que trabajaba al servicio de las mafias en Buenaventura y que durante largo tiempo habría contado con la protección de Martha Mancera, vicefiscal general de la Nación en tiempos de Francisco Barbosa.
En una providencia de 24 páginas la jueza documentó su decisión de enviar a la cárcel a Víctor Alfonso Forero Cortés y Juan Camilo López, antiguos funcionarios del CTI sindicados de manipular informes judiciales para proteger al funcionario corrupto.
La decisión no menciona a la ex vicefiscal Mancera, pero conecta con otra investigación en la que ella es conminada a explicar por qué asistió al menos en dos reuniones, en Cali y Bogotá, durante las que recriminó duramente a funcionarios que quisieron alertarla a tiempo sobre actuaciones de Francisco Javier Martínez (nombre de pila de ‘Pacho Malo’) favorables a narcotraficantes y a contrabandistas del puerto vallecaucano sobre el Pacífico.
Las repercusiones del nuevo capítulo de esta trama prometen ser profundas, en momentos en que versiones según las cuales la señora Mancera se encuentra en Estados Unidos dispuesta a buscar protección a cambio de contar todo lo que sabe sobre el círculo mafioso que amenaza con envolverla, generan revuelo mediático.
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Quien sí aparece mencionada en el expediente radicado en Manizales es Luisa Fernanda Obando Guerrero, quien actualmente es alta funcionaria de la Fiscalía. En el proceso es referida como pareja sentimental de Víctor Forero y como la persona que habría tomado decisiones para hacer que los testigos contra su novio fueran vinculados a una investigación por narcotráfico para quitarles peso y credibilidad.
¿Por qué la investigación se ha movido por Manizales?
La investigación llegó a Manizales porque fue allí donde fue secuestrado y asesinado Mario Fernando Herrera Aparicio, uno de los investigadores judiciales que le seguía el rastro a ‘Pacho Malo’. Fabio de Jesús González León, compañero de trabajo de la víctima, declaró en marzo de 2021 ante los entonces investigadores Forero y López -los mismos que ahora tendrán que ir a la cárcel- que la sombra de ‘Pacho Malo’ rondaba también ese crimen.
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Según González León había recibido información concreta al respecto del testigo Julio César Torres Morales, un hombre conocido como ‘Coca-Cola’.
Forero y López tomaron la decisión de suprimir de la entrevista judicial todas las alusiones a ‘Pacho Malo’ porque, según le dijeron a González, debían poner a salvo a reserva sumarial porque el cuestionado jefe del CTI de Buenaventura era “agente encubierto” en investigaciones muy delicadas. La justicia cree hoy que lo hicieron con el único propósito de protegerlo ilegalmente.
En uno de los apartes más importantes de la providencia de la jueza cuarta penal del circuito de Manizales se lee: “(…) Alias ‘Coca-Cola’ le habría brindado a González información acerca de un funcionario del C.T.I. que estaría vinculado con bandas de narcotráfico en Buenaventura (Valle del Cauca), con el fin de acceder a un principio de oportunidad, indicando que esta persona sería el señor FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ARDILA apodado “Pacho malo”.
“Ellos (Forero y López) aparentemente persuadieron al investigador FABIO DE JESÚS para suprimir el nombre del entonces jefe de investigadores del C.T.I. del nombrado municipio, supuestamente con el fin de que se protegiera la reserva legal de la investigación que se haría en contra de este funcionario, aludiendo que esa información no tenía injerencia en los hechos que se investigaban”.
Con lo que no contaban ese día los dos investigadores era con que Fabio de Jesús González León los estaba grabando secretamente porque ya desconfiaba de ellos.
La historia la supo a tiempo la vicefiscal Mancera, pese a lo cual habría permanecido en silencio y habría tomado decisiones para proteger al cuestionado director del CTI en el puerto de Buenaventura.
La investigación relaciona hoy los delitos de falsedad ideológica en documento público y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Posteriormente, como fruto de otra investigación, fue capturado el señor Yeison Andrés Garzón Holguín, quien también era un investigador del CTI. Según él, fue amenazado e intimidado por los investigadores corruptos para que declarara en contra de sus colegas que González y Pablo Andrés Bolaños Salas, cuya acuciosidad le resultaba peligrosa al jefe de policía judicial en Buenaventura. Querían ponerlo al servicio de una falsa acusación por narcotráfico contra ellos.
La que pueda decir ahora la ex vicefiscal Mancera podría saberse pronto en Washington o en Bogotá.
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