Las redes, que suelen ser implacables en materia de amores y odios, quisieron someter al escarnio a la senadora Martha Peralta Epieyú cuando en sus últimas vacaciones se fotografió con su esposo, el médico Manuel Julián Molina Pérez, junto a la torre Eiffel en París. Sus detractores de ocasión, que quizá preferirían verla en actos sociales sencillos como lo fue su boda en una ranchería wayuu oficiada por un palabrero, la cuestionaron por sus lujos y supuestos usos desbordados de recursos que podrían ser más útiles en obras para su comunidad.
Ella respondió con firmeza y serenidad y acalló pronto una polémica. Lo mismo ha buscado hacer con los cuestionamientos que la ligan a supuestas desviaciones de recursos en contratos de la administración del municipio guajiro de Albania, donde su poder está encarnado en la alcaldesa municipal, Nera Robles Bonivento.
Lea también: Las vacaciones de lujo en Paris de la senadora Martha Peralta
Sin embargo, esta vez tendrá que escalar una cuesta más dura en materia de cuestionamientos. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema examina evidencias que le fueron remitidas por la Fiscalía sobre su posible participación en la trama de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el escándalo más grande afrontado hasta hoy por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con la admisión de nuevos testigos que actúan a cambio de beneficios judiciales, la pendiente parece ser más alta.
Las evidencias están encabezadas por los registros de la bitácora de visitantes de la Unidad, a cuyas oficinas acudió la congresista el martes 19 de septiembre de 2023 en compañía de su amigo Isaac Francisco Rizcala Lozano, gerente de I.R.L. SAS. Esta firma resultó ejecutando para la entidad un contrato para el alquiler de maquinaria de construcción.
Olmedo López, exdirector de la Unidad y preso por esquilmar sus recursos, le asegura a la justicia que la senadora Peralta le pidió que le adjudicara un contrato por $2.210 millones a Rizcala y a otro amigo suyo, pues quería sacar réditos políticos por obras de mantenimiento en pozos profundos en un pueblo como el suyo que ha muerto de sed.
“Son ataques y persecuciones atroces”, responde ella y los relaciona con intento de descalificación promovido en su contra por los enemigos de las reformas sociales del gobierno que ella promovió desde su posición como presidenta del Comisión Séptima durante la pasada legislatura. Los que ella llama ataques se enervaron después de que se supo que otro contrato por $20.000 millones para la oferta de ollas comunitarias se cumplió y que sus recursos habrían sido desviados a la campaña de su prohijada alcaldesa de Albania.
Desde octubre de 2023 comenzaron a lloverle rayos y centellas por la adjudicación de 16 contratos por $75.000.000.000 para la construcción de jagüeyes en La Guajira, de los cuales más del 80 % fueron destinados a un solo municipio (Albania) con supuesta intención electoral.
También ha sido cuestionada por posibles conflictos de interés debido a la relación de su concuñado con la empresa MC&I Américas SAS, la cual ha recibido más de 800.000.000 millones en contratos estatales, especialmente en proyectos de energía solar. A eso se suma la influencia que se le atribuye en el nombramiento de funcionarios en entidades clave como el Ministerio de Salud, Corpoguajira, el ICBF, Invías y hospitales en la región Caribe.
¿Los patrimonios no mienten?
Las autoridades han comenzado a mirar los movimientos de MC&I Américas SAS, una Sociedad por Acciones Simplificada, fundada el 9 de enero de 2020 y con sede en Barranquilla, especializa en el diseño, construcción, supervisión y gerencia de proyectos de energía solar para zonas rurales no interconectadas, así como en la fabricación de componentes eléctricos. Su representante legal es Carlos Enrique Herazo de la Barrera, concuñado de Peralta.
Desde el inicio del actual gobierno, la empresa ha registrado un notable incremento de ingresos gracias a diversos contratos públicos. En 2024, recibió al menos un contrato por más de $800 millones para construir paneles solares con la Alianza Pública para el Desarrollo Integral – AlDesarrollo. También hace parte de un consorcio que obtuvo un contrato cuestionado con la Procuraduría por $9.000 millones, y otra alianza con la Cancillería por $10.000 millones. La empresa facturó entre $5.000 y $10.000 millones en 2023, con un patrimonio neto cercano a los $1.800 millones y una plantilla de unas 45 personas.
Más adelante, cuando su esposo creó la empresa Farmacia 13 de Mayo S.A.S., dedicada a la distribución de medicamentos, la senadora fue objeto de una demanda de pérdida de investidura por no haber declarado oportunamente un posible conflicto de intereses en su calidad de integrante de una comisión parlamentaria que se ocupa de los temas de la salud. Incluso cuando ella actuó como ponente del proyecto de reforma a la salud.
Lea también: Olmedo López y Sneyder Pinilla pusieron a hablar a otros 4 cómplices de la corrupción en la Ungrd
El mérito de aquellas denuncias podría verse reflejado en la evolución patrimonial de la parlamentaria. En bases de datos Las2Orillas verificó que, en agosto de 2022, Ella y su esposo Manuel adquirieron una casa de 160 metros cuadrados, por cerca de $1.000 millones, en la urbanización El Quirinal en Bogotá.
El 17 de diciembre de 2023, Manuel registró a su nombre la compra de una camioneta Toyota Hilux como vehículo personal familiar, aunque no se identifican contratos estatales públicos adjudicados directamente a él.
Martha Isabel Peralta Epieyú figura como titular de siete propiedades inmobiliarias registradas en Bogotá, Riohacha y Barranquilla, con matrículas inmobiliarias correspondientes a cada inmueble. En Bogotá se identifican tres bienes ubicados en las zonas centro y sur de la ciudad; en Riohacha se encontraron dos propiedades —una de ellas sin dirección específica, ubicada en el corregimiento de Monguí— y en Barranquilla se registraron dos unidades en el conjunto Puerto Colombia Altamar Caribe.
Cuentas moderadas
En cuanto a sus cuentas, presenta una evolución financiera marcada por una tendencia decreciente en el saldo total de sus obligaciones desde diciembre de 2023. En el primer trimestre de 2025, se evidenció una caída abrupta en dicho saldo, de $602.594.000 a $503.996.000, lo que representa una disminución cercana a $100.000.000. Según analistas especializados, este ajuste podría obedecer a la cancelación de créditos, pagos extraordinarios o restricciones en el acceso a nuevas líneas de financiación.
En el segundo trimestre de 2025, la reducción fue aún más pronunciada: el saldo total descendió a $330.098.000, lo que implica una disminución adicional de aproximadamente $174.000.000. Sin embargo, no se cuenta con información clara sobre el origen de los recursos que permitieron esta reducción. Paralelamente, se observa un comportamiento relevante en materia de mora: el saldo en mora aumentó de $4.514.000 mil en el último trimestre de 2024 a $5.783.000 en el primer trimestre de 2025, y aunque bajó levemente a $5.028.000 en el segundo trimestre, continúa siendo un indicador de tensión financiera. “Este patrón sugiere que, pese a las disminuciones en el saldo total, las dificultades para cumplir con ciertas obligaciones puntuales persisten”, dijo un experto consultado.
Como persona natural con la matrícula mercantil No. 155264, inscrita el 16 de diciembre de 2019 ante la Cámara de Comercio de La Guajira. Su actividad principal se encontraba clasificada bajo el código CIIU 4773, correspondiente al comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados. Adicionalmente, registró un establecimiento con la razón social Beauty Mall, asociado a la matrícula 155265, también en La Guajira.
Sin embargo, tanto la matrícula principal como la del establecimiento fueron canceladas el 7 de mayo de 2024 por motivo de depuración, dado que no se renovaban desde el año 2019.
Del lado de los demandantes
La congresista no es ajena a los estrados, solo que hasta ahora había acudido a ellos en la calidad de demandante. En los registros judiciales consultados se reflejan sus actuaciones ante despachos judiciales en Bogotá y otras jurisdicciones, en calidad personal y en representación del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS. Los procesos incluyen acciones contra entidades del Estado como la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, y autoridades municipales. También se registran intervenciones en causas relacionadas con derechos electorales, laborales, civiles, y acciones de tutela.
Lea también: Martha Peralta, otra congresista denunciada por Olmedo López por presunta corrupción en La Guajira
El proceso 11001031500020250164900, radicado el 20 de marzo de 2025 ante el Consejo de Estado – Secretaría General y con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, corresponde a una acción de tutela de primera instancia interpuesta contra la Presidencia de la República, por presunta vulneración de derechos y garantías fundamentales, en el contexto de una consulta popular, según lo establece el Decreto 1983 de 2017.
El proceso con radicado 23001233300020230016301, tramitado ante el Consejo de Estado con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, corresponde a un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba que negó la nulidad electoral de la elección de Carina Estela Ruiz Lobo como concejal del municipio de Tierralta, Córdoba, para el periodo 2024-2027
Ha librado también pugilato contra medios y periodistas cuando se ha sentido injustamente atacada. El proceso con número de radicación 11001418905220250043800 corresponde a una acción de tutela interpuesta por la congresista contra la columnista María Andrea Nieto. Según el historial procesal, la tutela fue radicada el 5 de mayo de 2025, admitida el 6 de mayo y fallada en primera instancia el 16 de mayo. La parte accionante presentó impugnación el 22 de mayo, la cual fue concedida el 27 de mayo, y el fallo en segunda instancia fue allegado el 27 de junio de 2025.
El próximo radicado que se encuentre podría ser el suyo, si la Corte Suprema decide actuar con fundamento en las pruebas que le remitió recientemente la Fiscalía.
Anuncios.
Anuncios.
