Varias sorpresas aguardaban a los asistentes al Conversatorio de Jurisprudencia convocado por la Corte Constitucional el viernes 22 de agosto. La primera de ellas fue la presencia del presidente Gustavo Petro a quien los organizadores habían excusado previamente por una supuesta indisposición de salud.
La segunda, un pasaje del discurso en el que el jefe del Estado aludió a una nueva hipótesis en relación con el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay al relacionarlo con un complot urdido por esmeralderos.
La tercera, la menos notoria pero igualmente significativa, relacionada con la abstención del magistrado Vladimir Fernández a la hora de firmar una declaración en la que los magistrados de las altas cortes abogaban por el respeto a la independencia de los poderes públicos.
Fernández cedió su turno reiteradamente y al final se limitó, según lo muestran imágenes de la ocasión, hacer el ademán de sacar un estilógrafo, pero no firmó.
¿Por qué lo hizo? Según asistentes al certamen, de por medio habría dos motivos. El primero sería la lealtad con una postura que defendió cuando se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia de la República al comenzar el mandato del presidente Petro. Fernández redefinió en documentos oficiales la figura de “jefe del Estado” y convenció al presidente de que esa denominación no era un simple saludo a la bandera. sino que implicaba la facultad para ejercer “acciones moderadoras” ante posibles excesos o desbordamientos de los demás poderes públicos.
De esa postura surgió la inclinación del presidente a adoptar por decreto o por normas de rango inferior a la Constitución y a la ley decisiones que, en condiciones normales, corresponderían al Congreso. Entre los ejemplos más significativos están el intento de convocar a una consulta popular para aprobar la reforma laboral y la adopción parcial de la reforma a la salud por decreto.
La segunda razón tendría que ver con las dudas que abriga el magistrado sobre la idoneidad de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para investigar a magistrados de las altas cortes, sobre todo cuando integrantes de esa célula del Congreso se encuentran subjudices, es decir, encartados judicialmente.
En lo que a él concierne, la Comisión debate la posibilidad de abrirle de oficio una indagación relacionada con la manera como fue elegido por el Senado para llegar al alto tribunal.
La comisión ha considerado la posibilidad de interpretar como “noticia criminal” declaraciones públicas de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, en el sentido de que Vladimir Hernández habría comprado la voluntad de algunos congresistas para hacerse elegir.
Según Ortiz, el 13 de octubre de 2023 hubo un desayuno en la oficina del entonces presidente del Senado, Iván Name, al que asistió Fernández en compañía del director administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González. Con pagos provenientes del presupuesto de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se habría acordado incluir en el orden del día la elección de Fernández como magistrado de la Corte.
La elección contó con 88 votos que ese día, el 23 de octubre de 2023, representaba la totalidad del quorum. Sandra Ortiz reveló a través de medios de comunicación mensajes cruzados vía chat que respaldarían su versión.
Fernández ofreció explicaciones ante la Sala Plena de su corporación y adujo que se trataba de una de una componenda que carecía de todo respaldo probatorio.
El magistrado ha actuado en algunas ocasiones en consecuencia con lo que opinó como secretario jurídico de la Casa de Nariño. Se declaró impedido para examinar la constitucionalidad de la ley que cero el Ministerio de la Igualdad por los contactos previos que sostuvo con los congresistas que impulsaron la iniciativa.
La Corte Constitucional no admitió las recusaciones presentadas en contra de Fernández durante el estudio de la ley de reforma pensional que el ayudó a formular, parcialmente, como secretario jurídico de la presidencia.
El magistrado no es partidario de la manera como el Consejo Nacional Electoral investiga la posible violación de los topes de financiamiento de la campaña Petro presidente y se ha mostrado partidario de que se declare la nulidad de lo actuado, En ese caso sí no se ha declarado impedido.
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