Sobre la mesa de la sala plena del Consejo Nacional Electoral se encuentra una ponencia en la que los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada proponen sancionar con una multa por más de $687 millones a Ricardo Roa, gerente y representante legal de la campaña Petro Presidente.
Según ellos, Roa -actual presidente de Ecopetrol- permitió que el caudal de aportes a la gesta proselitista supera los topes legales establecidos para financiarla, tanto en la primera como en la segunda vuelta y recibió dineros de personas jurídicas en condiciones que no están permitidas por la ley. Si el proyecto de decisión prospera, Roa tendría que pagar esa sanción de manera solidaria con Lucy Aydé Mogollón Alfonso y Mary Luz Soto Caro, tesorera y auditora quien trabajó en la Alcaldía de Petro y terminó nombrada secretaria general de lCBF. Los gastos avalados por ellos superaron el rasero legal en $2.447.378.252. La tesorera se ha lavado las manos diciendo que fue sustituida en la práctica por Sebastián Caicedo Cano y Aníbal Cano, familiares de Julián Caicedo Cano quien desde entonces ya era la pareja sentimental del presidente de Ecopetrol.
La ponencia tendrá que ser estudiada por los nueve magistrados que conforman el Consejo Nacional Electoral que hacen parte de la corporación y su aprobación o rechazo exige una mayoría especial de seis. En esa ocasión votarán ocho consejeros y un conjuez porque la magistrada Alba Lucía Velásquez fue recusada por su vinculación con el Pacto Histórico, movimiento que propuso su nombre para integrar el Consejo Nacional y por lo tanto debió marginarse del Caso.
Con un Consejo de origen partidista, el componente jurídico del caso será en realidad marginal porque en el debate prevalecerá una puja entre fuerzas previamente alineadas. Eso hace improbable que vaya a haber unanimidad.
El bloque del Pacto Histórico está integrado por algunos de los consejeros de mayor trayectoria, encabezado por Álvaro Echeverri, exmagistrado del Consejo de la Judicatura y exfuncionario de la organización electoral. Con él unen fuerzas Fabiola Márquez y el magistrado liberal Altus Baquero, quien sin embargo vota alineado con el petrismo.
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De la oposición hacen parte los dos ponentes, Prada y Ortiz, Maritza Martínez, Álvaro Campo y Cristian Quiroz. Aunque este bloque es ligeramente mayoritario, el voto decisivo lo tendría el conjuez.
De prosperar las multas, Roa y los demás exdirectivos de la campaña no responderían con recursos propios, sino que el monto de la multa sería descontado de los gastos de reposición que la organización electoral debe reconocerle al Pacto Histórico y a la alianza que lo integra, que también tendrán que responder solidariamente.
La decisión, cualquiera que sea, no afectará directamente al presidente de la República porque ya la Corte Constitucional dejó en claro que la inmunidad del jefe del Estado representa un fuero que operada también frente a investigaciones de carácter administrativo.
De esa manera, si hubiera fallo sancionatorio sus efectos respecto al primer mandatario serían solo de carácter político en una época en la que ya se comienza a calentar la campaña. Aquí la ponencia con la Resolución de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada en la que sanciona a Ricardo Roa como gerente de la campaña
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