Los primeros en alzar la voz frente al borrador de decreto proyectado por Planeación Nacional con el que buscaría redistribuir las vigencias futuras para financiar proyectos de infraestructura fueron seis ex ministros. Su posición está fijada en una carta producida los ex ministros de Hacienda José Antonio Ocampo, Juan Camilo Restrepo, José Manuel Restrepo y Juan Carlos Echeverry y los de transporte Ángela María Orozco y Germán Cardona.
No se trata solo de una discusión con confronte las posiciones del gobierno y de un gremio, la Agencia Nacional de Infraestructura cuyo presidente Juan Martín Caicedo Ferrer también se expresó.
Los expertos consideran que el gobierno pretende regular materias que solo pueden ser modificadas o definidas por el legislador y no por el Ejecutivo. Por eso genera serias dudas acerca de su constitucionalidad y legalidad de la iniciativa que se ha trabajado en Planeación Nacional. Esto convertiría a las vigencias futuras en recursos volátiles prácticamente de libre disposición. Recursos destinados para para una carretera de quinta generación podrían ser cambiadas de destinación e irse a la construcción de escuelas, acueductos o cualquier otro proyecto que el gobierno de turno considere prioritario.
Esto igualmente desestimularía la creación de Alianzas Público-Privadas (APP),el único mecanismo articulador de esfuerzos entre los sectores oficiales y privado para ir sacando al país de un rezago centenario en el desarrollo de infraestructura vial. En esas condiciones un inversionista difícilmente aceptaría disponer sus recursos por falta de garantías.
El presidente Petro no se ha mostrado amigo del modelo de las APP y ha acusado a las concesiones de “apañar” recursos de la gente a través de peajes según el hoy muy costosos. Las firmas que operan concesiones le han respondido con cifras que demuestran que esos recursos no solo son útiles para construir las vías, sino también para operarlas y para darles mantenimiento.
La vía Estanquillo-Popayán prioridad de Petro, una damnificada
Un decreto como éste puede llevar a frenar proyectos prioritarios como el Estanquillo-Popayán que era considerado como el caballito de batalla de la administración en materia de infraestructura. La Ani logró finalmente abrir la licitación de la construcción de la esperada vía.
La vía el Estanquillo-Popayán, llamada a transformar la conectividad del suroccidente colombiano, es la única obra de infraestructura vial mencionada con nombre y apellido en el Plan de Desarrollo del presidente Gustavo Petro. Para el tendido de sus 74 kilómetros están previstas inversiones por $7,6 billones, el 80 por ciento de los cuales saldrán de vigencias futuras.
El proyecto contempla una concesión a veinte años y de su rédito social harán los beneficios de la obra para una región con más de un millón de habitantes de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo y la generación de cerca de 200.000 empleos directos e indirectos.
El aspecto legal también cuenta
El Decreto “además, desconoce instancias y procedimientos actualmente regulados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley de Asociaciones Público- Privadas”, agregan y enfatizan en que su articulado contradice los planteamientos hechos recientemente por el contralor general Carlos Hernán Rodríguez en un control de advertencia, según el cual las vigencias futuras pactadas en los contratos de concesión no pueden modificarse unilateralmente.
De esa manera se escucha una clara voz de alerta en el sentido de que aquellos funcionarios que expidan el mencionado decreto estarían incurriendo en faltas disciplinarias y fiscales. “Preocupan -dicen los exministros- las demandas que desde ya se vislumbran por parte de los concesionarios, en caso de ser expedido el decreto. Ello, porque el Estado -de manera unilateral- estaría incumpliendo lo pactado en los contratos de concesión vigentes”.
Algunos funcionarios del gobierno proponen que la discusión se zanje mediante la incorporación de un artículo que, a la luz de un acuerdo entre las partes, permita convenir la redistribución de las vigencias futuras. Pero los exministros advierten que hoy los contratos de concesión ya contienen cláusulas en ese sentido y, por ello, incorporar el mutuo acuerdo en el decreto no mitigaría sus visos de ilegalidad e inconstitucionalidad.
“De expedirse, el decreto también pondría en riesgo la credibilidad en el sistema de asociaciones público- privadas, que no solo se utiliza para la financiación y construcción de carreteras (sin también) fundamental al momento de desarrollar infraestructura social, tan necesaria para la disminución de la desigualdad en el país”, señalan los exministros
El debate se da mientras varios críticos del gobierno consideran que detrás de la “redistribución de las vigencias futuras” hay una intención de fortalecer caja para la financiación de la campaña política que se avecina.
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