En la Gaceta del Congreso del jueves 6 de marzo de 2003 está publicada una fuerte réplica hecha ante la plenaria de su corporación por Adalberto Jaimes –quien murió en el 2017-, entonces representante a la Cámara por el departamento de Arauca cuando su nombre apareció en un documento enviado por la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia bajo el rótulo de “Farc-política”.
Los medios de comunicación que hicieron eco a la noticia informaron que el nombre del congresista, reconocido entre otras ejecutorias por haber sido fundador de la Cámara de Comercio de Arauca, aparecía en unos libros de contabilidad del décimo frente de las Farc como supuestos beneficiarios de unos pagos de la organización.
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Al cabo de una aguerrida campaña por desmentir esa pretendida imputación, el congresista demostró que el único vínculo que la única relación que había tenido con las Farc era producto de una circunstancia dolorosa para él y su familia. Su hijo, de entonces 17 años, había sido secuestrado por la guerrilla y aunque el parlamentario no lo admitió abiertamente, el pago de una fuerte suma habría sido el recurso extremo para salvarle la vida al muchacho.
La aparición de su nombre en los improvisados registros contables no era la única noticia en aquella época. Las tropas de la Séptima Brigada del Ejército colombiano, con sede en Villavicencio que coparon por asalto el campamento insurgente encontraron planos, coordenadas e informes manuscritos sobre reuniones de las Farc con generales de la Fuerza Armada venezolana en fincas de los llanos de Arauca para coordinar el embarque cocaína hacia los Estados Unidos.
Los nombres de los oficiales del país vecino ya figuraban en informes de la DEA y del Departamento de Justicia en Washington como miembros de un “Cartel de los Soles”, denominación acuñada por analistas de inteligencia para referirse a las insignias de los militares.
Desde entonces se habla de la existencia de un cartel cuya existencia sería incluso anterior a la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, en febrero de 1999. Como creadores de ese cartel figuraban en un amplio dosier preparado en Washington los generales de la Guardia Venezolana Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas.
Aunque el presidente colombiano Gustavo Petro dice que en realidad el Cartel de los soles no existe, las autoridades de Estados Unidos le han hecho un seguimiento sistemático a su evolución, siempre ligada a la presencia de las guerrillas colombianas en suelo venezolano.
Los señalamientos del Fiscal William Bar a Maduro con el Cartel de los soles
La fase más dura de ese seguimiento se inició en marzo de 2020, cuando William Barr, como fiscal general de Estados Unidos, acusó a Maduro de liderar el cartel y se convirtió en el postor de la primera recompensa por su captura, cifra en quince millones de dólares. Hoy la recompensa ofrecida es de 50 millones de dólares.
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La incriminación ha arrastrado consigo a Diosdado Cabello Rondón, considerado el hombre fuerte del régimen, y al general Vladimir Padrino, ministro de Defensa del régimen desde hace once años. Cuentas y activos de ambos y de sus familiares están congelados.
Sobre Cabello, los Departamentos del Tesoro y de Justicia llevan una relación de sus actividades desde la época en que servía a la Fuerza Armada como oficial del arma de ingeniería y como instructor de la Escuela de Operaciones de Cocollar, en el Estado de Sucre. Desde su llegada al gobierno le siguieron los pasos en maniobras de corrupción en el mercado de la telefonía celular y más tarde en un lavado de activos derivado del tráfico de estupefacientes.
El matrimonio de generales venezolanos y las FARC
Las relaciones de interés económico común de los generales venezolanos con la guerrilla colombiana datan de 1999, cuando oficiales de esa graduación mediaron para la liberación de una joven venezolana de nombre Mely Alejandra Carrero y se quedaron con una comisión de 150 millones de bolívares. La entrega se dio un área de campamentos desde donde se coordinarían luego operaciones de narcotráfico.
En el mismo círculo están incluidos oficiales que tienen jurisdicción y mando sobre las áreas de frontera que los gobiernos de Colombia y Venezuela buscan incluir en una zona binacional para la promoción del libre comercio y la lucha contra el narcotráfico. Uno de ellos es el mayor general Javier Marcano, director general de contrainteligencia y posible auspiciador de las actividades del ELN en la frontera.
Entre sus objetivos dentro del cartel de los soles Estados Unidos también remarca el nombre del mayor general José Gregorio Martínez Campos, director de la Zona Operativa de Defensa Integral en el Estado Táchira.
Una de las principales fuentes de las autoridades de Estados Unidos ha sido el exmilitar Luis Pineda Castellanos, uno de los hombres más cercanos a Chávez durante el fallido intento golpista del 4 de febrero de 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Chávez fue amnistiado por Rafael Caldera, pero Pineda siguió recluido en prisión aun después de que Chávez fue elegido presidente.
Al salir de la cárcel, Pineda solo encontró espacio para cargos menores en el gobierno y, según información de los Estados Unidos, aunque se vinculó en actividades de narcotráfico al lado de antiguos compañeros de armas. Más tarde se transformó en informante y luego desapareció.
Durante su permanencia en prisión y más tarde en libertad, Pineda Castellanos publicó en 2004 en Mérida el libro “El diablo paga con traición a quien le sirve con lealtad: anécdotas de mi vida con Hugo Chávez Frías”. Aquel sería un anticipo de sus denuncias sobre corrupción en el régimen que más tarde, ya por fuera de la industria editorial, escalarían hasta el Cartel de los soles.
Antes de convertirse en informante contra el chavismo, el exoficial le puso este colofón a su libro: “Aquí la gente cree que el poder lo tiene Hugo Chávez. Están muy equivocados, en poder está en manos de la promoción de Diosdado. (Los demás) son tontos útiles sin cerebro para razonar”.
Luego contó la historia del origen del Cartel de los soles, pero ya no en las páginas de un libro sino de un expediente. Un cartel que sí existe, a juzgar por hechos como la avanzada de poderosas naves militares de Estados Unidos hacia costas venezolanas.
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