El llamamiento a juicio a Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, por haberse lucrado presumiblemente de un soborno por $3.000 millones está lejos de cerrar el círculo de responsabilidades que la justicia busca aclarar respecto de él y su familia.
Junto con la decisión de la Corte Suprema acaba de despertar de manera más sigilosa en la Fiscalía un proceso abierto con base en una denuncia con el radicado DFN- No. 2024611019742, relativa a la injerencia que la familia Calle Aguas cuya cabeza es Gabriel Calle Demoya, tuvo o puede tener el manejo contractual en la empresa Hidro Urrá, en el departamento de Córdoba.
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Aunque ejecutivos de la empresa generadora de energía, como el secretario general Ángel Delgado han negado que esa influencia exista, han aparecido contratos que lo contradicen. Uno de ellos es la orden de prestación de servicios número 2924-0974, mediante la cual fue vinculada la señora Melisa Barrios Barón, madre de Melisa Barrón Barrios, esposa del diputado Gabriel Calle Aguas, quien logró la curul por haber obtenido la segunda votación después del elegido gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta.
El objeto del contrato consiste en asesorar como profesional de apoyo en sicología a la Gerencia Administrativa y Financiera, pero en la práctica su ejecución puede haber abierto un amplio nicho de control de su familia sobre los recursos de una generadora en la que la Nación tiene una partición a través del Ministerio de Hacienda.
También ha figurado en la nómina de contratistas Eduardo Altamiranda, abogado de confianza de los Calle y apoderado de ellos, entre otros casos, en un pleito por daños ambientales generados en una zona protegida donde se encuentra una de sus propiedades.
La situación financiera de la empresa está siendo mirada con un foco especial porque, aunque la administración la considera saneada, parece no haber tenido en cuenta las reservas necesarias para atender las exigencias de un posible fallo en caso de que prospere una demanda presentada por el consorcio Lux Power 2022.
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Lux Power es un consorcio chino que viene ejecutando un contrato de energías eólicas. Sus operadores se quejan de un desequilibrio económico y acusan a la empresa de estar dándoles a otros contratistas condiciones privilegiadas en las que están de por medio especulaciones con el precio de la energía. Las autoridades examinan si detrás de este negocio puede haber influencia indebida de empresarios barranquilleros y de los propio Calle.
El Ministro de hacienda Ricardo Bonilla no se quedó callado con las irregularidades de Urra
Desde antes de la salida de Ricardo Bonilla de esa cartera, el Ministerio de Hacienda le ha pedido a la Fiscalía General de la Nación ampliar el espectro de su investigación sobre presuntas graves irregularidades en los contratos de venta de energía y en el manejo financiero y presupuestal de la Hidroeléctrica.
En 33 folios anexos a su denuncia Inicial, formulada 23 agosto del año pasado, luego de las denuncias periodísticas sobre la existencia de un círculo privilegiado de empresas de amigos del gobierno que se estarían lucrando con reventa de energía comprada a precios muy bajo, el Ministerio pidió también investigar las actuaciones de la firma EMEC SAS operadora del proyecto.
Ha acompañado sus peticiones con relaciones detalladas de contratos por monto total superior a los 177.000 millones de pesospara la adquisición de bienes y servicios, que al igual que los de venta de energía estarían siendo dirigidos por personas que se dicen influyentes en el gobierno.
Entre los contratos duplicados o inflados artificialmente en su monto hay 116relacionados con mantenimientos de transformadores de las Unidades 1 y 2, interventoría en los procesos de revisión de los reguladores de tensión
En este caso el Ministerio se apoyó en la información que le envió un funcionario cercano al área de Control interno de la compañía, ya identificado, pero cuyo nombre su omite para ponerlo a salvo de riesgos. La fuente adjudica la responsabilidad en estos casos en específico a la firma EMEC SAS.
“Con el corazón dolido y en nombre de nuestra querida Patria, me permito, con el mayor respeto y preocupación, elevar una solicitud para que revise detalladamente la contratación de Urrá SA ESP, en particular la correspondiente al Plan Nacional de Adquisiciones de los años 2023 y 2024”, le escribió esa persona a la Fiscalía.
Y agregó: “En mi posición dentro de Urrá, he sido testigo de cómo se han realizado múltiples contrataciones por los mismos servicios, son sobrecostos alarmantes (…) Esta situación es bien conocida por todos los directivos de Urrá, desde el presidente, pasando por los gerentes y directores que han permitido perpetuar estas prácticas”.
El nombre del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, volvió a saltar a escena por la injerencia que habría tenido en la adjudicación de contratos de energía y en la escogencia de cuadros directivos de la hidroeléctrica.
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La única información nueva que aporta uno de los declarantes, aunque sin sustento todavía, es que en este círculo de influencias se ha movido también Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama la Nación.
El Ministerio de hacienda envió a la Fiscalía el nuevo acopio de información luego de consultarlo expresamente con su jefe, el presidente Gustavo Petro.
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