En Colombia se ha intensificado un fenómeno inquietante: la conformación y exportación de mercenarios que, mediante intermediarios privados, son incorporados a conflictos armados en países sin ningún vínculo ideológico, patriótico o estratégico con la nación. Su participación no obedece a la defensa de un interés nacional legítimo, sino a la contraprestación económica ofrecida por Estados extranjeros, grupos con arsenal no estatales o empresas militares y de seguridad privadas.
Estos contingentes de exmilitares y combatientes entrenados han convertido al país en el primer proveedor global de fuerza de combate a sueldo. Desde Sudán hasta Yemen, pasando por escenarios de guerra híbrida en Europa del Este, se han documentado casos de participación de colombianos en la situación bélica ucraniana, Mali, Burkina Faso, el asalto al Palacio Nacional de Haití y el asesinato del presidente Jovenel Moïse (2021), así como en operaciones encubiertas en Venezuela y redes de sicariato transnacional, donde organizaciones criminales internacionales contratan para ejecuciones de homicidios agravados de carácter extrajudiciales.
Este entramado evidencia una peligrosa convergencia entre mercenarismo, crimen transnacional y vacíos normativos que erosionan el Estado social de derecho. La ausencia de una tipificación penal que prohíba y sancione de manera efectiva la captación de combatientes colombianos para guerras ajenas, tal como lo contempla la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios permite que estas redes operen con amplia impunidad material y procesal.
Se hace, en consecuencia, indispensable que Colombia ratifique sin más dilaciones dicho convenio, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 4 de diciembre de 1989, a fin de cerrar la brecha normativa que hoy facilita la exportación de violencia y la instrumentalización de ciudadanos al servicio de intereses bélicos extranjeros.
La nación no solo se convierte en exportador de fuerza armada irregular, sino que se asocia a operaciones que vulneran derechos humanos, desestabilizan gobiernos y alimentan economías ilícitas. El guerrero sin bandera se trasforma así en un símbolo de la privatización global de la violencia, donde la vida y la muerte se negocian en el mercado mundial criminal.
La intermediación empresarial se erige como un componente esencial dentro de estas redes criminales. Diversas entidades privadas, legalmente constituidas en Colombia y con alcance transnacional, operan bajo fachadas de licitud, como empresas de seguridad, firmas de consultoría, agencias de empleo o asociaciones de retiro de efectivos policiales y militares con el fin de encubrir actividades ilícitas de alto impacto social y jurídico.
Durante el periodo presidencial de Iván Duque Márquez, parece que hubo un incremento significativo en las actividades de mercenarismo, sin que dichas conductas fueran objeto de una investigación penal exhaustiva. Asimismo, no se ha determinado, en el marco de una indagación judicial formal, si en ese lapso los servicios de inteligencia MI6 del Reino Unido y el Mossad del Estado de Israel intervinieron de manera directa o indirecta en hechos susceptibles de afectaciones graves a la seguridad y soberanía nacional.
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