La cuna del poder político de Carlos Andrés Trujillo, actual senador, ha sido el municipio antioqueño de Itagüí. Cuando fue alcalde de la población le pagaba el arriendo al comandante de la Policía local para que no tuviese que vivir en la que él consideraba una incómoda casa fiscal. A cambio, le exigía resultados operacionales que alguna vez le permitieron proclamar que la suya era una tierra “libre de delincuencia”.
Nadie allí le recriminó por decisiones que en otras partes habrían causado reacciones indignadas, como ordenar la demolición de un parque, así a una asociación de damas encargadas del ornato, aquello les pareciera un atentado contra el patrimonio público y cultural.
Buen amigo de sus amigos conservadores, Trujillo contrató como asesor principal jurídico del municipio al abogado Guillermo Reyes, a quien luego aproximó a la campaña presidencial de Gustavo Petro y logró luego convertirlo en ministro de Transporte y después en embajador de Colombia y Suecia.
Reyes le ayudó a ganar demandas que buscaban anular su elección como alcalde por irregularidades electorales y sus honorarios, según denuncias que nunca prosperaron ante ninguna autoridad, fueron pagados con cargo al presupuesto público.
Cuando llegó al Congreso, Trujillo logró dividir y poner a su favor a una fracción importante de la bancada conservadora y asestarle un “golpe de Estado” transitorio al senador Efraín Cepeda, jefe de la colectividad azul.
En las bases de datos accesibles figuran 21 procesos en la Fiscalía abiertos antes de ser aforado, y siete ante la Corte Suprema de Justicia, alto tribunal ante el cual afronta su primera y real prueba de fuego. La Sala de Instrucción tiene todo listo para enfrentarlo en un careo -no declarado así, pero real- con quien en sus tiempos de estudiantes en la Universidad Latinoamericana de Antioquia. Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
La prueba de fuego será era en realidad para ambos porque López, convertido en ahora en testigo del saqueo a esa entidad, ha declarado contra altos funcionarios del gobierno, exministros y congresistas, a cambio de inmunidad, pero se ha negado a vincular con manejos turbios a su amigo Carlos Andrés Trujillo.
No solo lo ha excluido, sino que incluso lo ha defendido, como el día en que declaró: “No soy cuota del senador Trujillo. Muy malas él que, por ser paisano mío, terminó en este enredo en el que no tiene nada que ver”.
El riesgo para ambos es que la Sala de Instrucción de la Corte, conducida en este caso concreto por la magistrada María Cristina Lombana, tenga mucha más información de la que alguno de los dos o ambos estarían dispuestos a admitir.
La citación a Olmedo López para que declare dentro del proceso seguido a Trujillo está citada para el lunes 8 de septiembre de 2025, a primera hora de la mañana. Se trata de un proceso con el número de radicado 0189, según lo escribe el oficio de citación que le llegó al abogado José Luis Moreno Caballero, defensor principal de Olmedo López.
La condición para que López obtenga los beneficios judiciales que busca es que diga la verdad completa y verificable.
Esa es una condición beneficiosa que envidian otras personas vinculadas al caso, como la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, que acaba de ser llamada a juicio pese a insistir en que la justicia le permitiese acogerse a un esquema de colaboración. Esa decisión hizo incluso que se quedara sin abogado defensor porque el titular renunció ante lo que consideró un fracaso.
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