En una investigación de El Expediente surge una inquietante pregunta sobre la legalidad de las decisiones judiciales tomadas por la jueza Sandra Milena Heredia Aranda, quien fue la encargada de condenar al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.
Los documentos obtenidos por El Expediente indican que la jueza no cumplía con los requisitos legales para ejercer como jueza de la República. Según la Ley 270 de 1996, los jueces deben aprobar un riguroso concurso de méritos para obtener el cargo; sin embargo, Heredia reprobó el examen de méritos para jueza en tres ocasiones (2013, 2018 y 2022), lo que la descalificaba para ocupar un puesto judicial.
Además, Heredia se encontraba en condición de provisionalidad, la cual, según la legislación colombiana, no debe exceder los seis meses. Para el momento en que presidió el caso Uribe, su nombramiento ya había expirado, lo que la inhabilitaba aún más para dictar sentencia.
La cercanía de Heredia con figuras clave del sector judicial también levanta interrogantes. Fuentes consultadas por El Expediente afirman que la jueza mantenía una relación cercana con Eduardo Montealegre, exfiscal general y actual ministro de Justicia, lo que podría haber influido en su nombramiento a pesar de no cumplir con los requisitos.
La investigación sigue abierta y genera más dudas: ¿qué factores permitieron que una persona que no cumplía con los criterios establecidos llegara a un cargo tan importante? ¿Qué implicaciones podría tener esta irregularidad sobre la validez de la sentencia contra Uribe?
“Los nombramientos provisionales no deben extenderse más allá de lo necesario, ya que comprometen la independencia judicial”, advirtió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resaltando el riesgo de presiones externas en jueces cuya permanencia depende de decisiones ajenas a su idoneidad.
¿Es este el caso de la jueza Heredia? La investigación de El Expediente continúa para arrojar más luz sobre estos hechos que generan tanta controversia.
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