Varios cartageneros, especialmente los amigos del alcalde Dumek Turbay, ven en el ingeniero civil Álvaro González Álvarez la sombra del exalcalde William Dau. Consideran que, lo mismo que Dau, González se ha convertido en un veedor ciudadano incisivo, una especie de Catón romano, porque tiene aspiraciones políticas.
Si se juzgara solo por los métodos empleados por ambos, el parecido entre los dos existe. Antes de llegar a la alcaldía de Cartagena en 2020, Dau se radicó un tiempo en Nueva York y desde allí, como cabeza de una veeduría que recibía apoyo internacional, hizo denuncias tan impactantes como la que llevó al colapso del proyecto de un emisario submarino para la ciudad. González reside también en Nueva York y desde allí hace un seguimiento a los proyectos de infraestructura impulsados por el alcalde Turbay en los que dice haber hallado anomalías por $300.000 millones.
A diferencia de Dau, González no tiene una razón social como veedor. Su trabajo de fiscalización, según él, ha estado asociado a su disciplina como ingeniero doctorado en las áreas de hidrología, hidráulica y tratamiento de aguas. Conoce bien la legislación contractual colombiano y demuestra haber desarrollado destreza para navegar en bases de datos de distinta naturaleza y en consultar documentos oficiales hasta dar con los entuertos.
Con aspiraciones políticas o sin ellas, el ingeniero se ha convertido en quizá la única o más visible piedra en el zapato para un mandatario que, como el alcalde de Cartagena, arrasa en las encuestas de aceptación por las obras que ejecuta y anuncia con el respaldo de un Concejo que recientemente la aprobó endeudamientos por $1,4 billones para inversión.
De acuerdo con la trazabilidad que ha dejado su ejercicio fiscalizador, el veedor cartagenero de facto, ha incluido también en su escrutinio por el Concejo que nunca fue funcional para la para la gestión de William Dau, pero sí lo ha sido para la de Turbay.
Allí en el Concejo, por ejemplo, puso recientemente en calzas prietas al cabildante de Cambio Radical Carlos Alberto Barrios Gómez al descubrir sus vínculos con la empresa DJC Construcciones SAS, que durante ocho años (de 2016 a 2024) contrató con entidades públicas. Demandó su investidura ante el Tribunal Administrativo de Bolívar por un posible conflicto de intereses.
Tres proyectos bajo la lupa en busca de un talón de Aquiles
En el caso de la Alcaldía de Cartagena su ojo avizor recorre tres proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad: el Alcantarillado de Pontezuela y Bayunca, el Gran Malecón del mar y los embarcaderos en la zona insular.
Allí dice haber encontrado, como factor común, una malla de contratistas provenientes del puerto petrolero de Barrancabermeja y expertos en maquillar certificaciones para darles el tono sepia que las hace ver viejas y de incorporarles datos que las hacen ver legales.
Eso ocurrió con la razón social Servicios Industriales Colombianos SAS (Seinco) del puerto petrolero y con un 90 por ciento de participación en el Consorcio Alcantarillado social, a cargo de la construcción del proyecto Bayunca-Pontezuela cuya inversión supera los $119.641.496.292,
La firma Seinco creada en realidad en 1992, presentó un certificado de constitución de 1989. Detectada la inconsistencia, sus representantes agravaron una mentira con otra: aseguraron que comenzaron en 1989 llamándose Laguna y Castro, pero al poco tiempo ya no les gustó el nombre y lo cambiaron por Seinco.
La Alcaldía se vio obligada a acceder a la revocatoria de la adjudicación solicitada por González y por el Consorcio Alcantarillado Sanitario Ponbay.
Vinieron males adicionales. Dos de las cuatro empresas que conforman el Consorcio Redes CCC, ganador de la nueva licitación, según anunció el Alcalde el 7 de junio pasado tenían deudas que les generaban inhabilidades. Esta vez la Alcaldía de Cartagena habría presentado información engañosa para justificar la adjudicación.
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confirmó que la empresa Construcciones e Inversiones Beta SAS, parte del Consorcio Redes CCC, tenía una deuda de $5.839.145. La Nueva EPS y Salud Total revisan en sus archivos para confirmar situaciones similares. En el entretanto el proyecto sigue retrasado.
En el foco de los cuestionamientos está también el Gran Malecón del Mar, cuya primera fase comprende 8,7 kilómetros de frente costero, entre Playa Azul en La Boquilla y el sector La Tenaza. Su promesa es la de convertirse en un espacio multinacional capaz de conectar los principales puntos de interés turístico.
Aquí las denuncias incluyen cambios en los pliegos tipo para añadirle un requisito que solo podría cumplir el proponente Dinacol desde 2009: una licencia ambiental con observaciones específicas. En otras palabras, se estructuró un pliego sastre, a la medida del interesado.
Durante una de las audiencias del proceso de contratación la ciudadana Katherine Álvarez no fue escuchada cuando advirtió que una de las proponentes cargaba con una inhabilidad inocultables. El ingeniero González confirmó, a través de la Cámara de Comercio de Bogotá, que en efecto Alvarado & Düring, fue sancionada por diez años, contados a partir de 2020, por Autoridad del Canal de Panamá. Sus representantes aseguran que sus obligaciones con Panamá, asociadas a cumplimientos, ya están saldados con el cumplimiento pleno de los contratos.
El proyecto fue adjudicado al Consorcio Gran Malecón del Mar por más de $196.000, pero subsisten dudas relacionadas con adulteración de documentos, cambios de fechas y firmas e incluso códigos QR inactivos en algunos documentos apostillados.
Otro patrón encontrado durante la revisión de estos negocios públicos es el de empresas que simulan competir en ciertos contratos, pero aparecen como aliadas en otros, lo que podría indicar manipulación en los pliegos y una posible colusión.
Algunos expertos han cuestionado la sostenibilidad financiera del proyecto y han señalado la falta de componentes generadores de ingresos podría convertir el malecón en una carga financiera para la ciudad.
Como propietario de Dinacol aparece Oswaldo Rodríguez, reconocido en la ciudad como alguien muy cercano al alcalde, cuyo despacho dice que no habrá respuesta a comentarios subjetivos porque la gran respuesta la recibirá la ciudad con obras. Es igualmente Representante Legal del Consorcio Proplaya, contratista de la megaobra de Protección Costera para Cartagena en sus fases I y II.
Embarcados con Cholón y Casablanca
A este “de todo como en botica” se suman denuncias sobre posibles anomalías en el proyecto de construcción de los embarcaderos Cholón y Casablanca en la zona insular de Cartagena, uno de los proyectos estrella presentados por el alcalde Dumek Turbay recién iniciada su gestión en el 2024.
En ellas confluyen presuntas irregularidades y favorecimientos en una obra financiada con más de $6.636 millones de pesos. Rondan las dudas sobre vínculos familiares y empresariales cuestionables.
La empresa Construlatina SAS, también del clan barranqueño, presentó certificaciones que en teoría acreditaban su experiencia como ejecutores de proyectos para Ecopetrol en altamar. La estatal petrolera desmintió la existencia de esa relación y aclaró que el único contrato confiado alguna vez a la empresa de Barrancabermeja fue la construcción de un muelle fluvial flotante en concreto para el descargue de equipos en Puerto Berrío.
En la Contraloría Distrital las denuncias son conocidas por la funcionaria Karina Margarita Vásquez Buelvas. Lo que genera suspicacias es que ella es hermana de José Julián Vásquez Buelvas, primo hermano de Manolo Duque. Ambos muy cercanos al alcalde Dumek Turbay Sombra o alter ego de William Dau o investigador independiente, lo cierto es que el ingeniero González es la voz fiscalizadora que más se escucha en una ciudad en la que Dumek Turbay cuenta hasta ahora con la aceptación de la mayor parte de sus gobernados.
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