"Prudente, el almirante Prudencio Padilla." Así lo recuerdan quienes saben que la prudencia no es cobardía, sino la serenidad de quien sabe esperar el momento exacto para actuar como es debido. Padilla, héroe de Maracaibo, supo medir los tiempos y vencer con cálculo y coraje. Hoy, en contraste, escuchamos a ciertos generales del gobierno Petro refugiarse en una falsa prudencia, que no es virtud militar sino máscara de sumisión.
Pero lo que ya se rebosó fue la paciencia de los ciudadanos. No soportamos más la destrucción sistemática de las Fuerzas Armadas bajo el silencio —dizque prudente— de la oficialidad. Ese silencio se volvió cómplice, insoportable. El brutal ataque contra dos soldados, quemados con gasolina mientras cumplían su deber de destruir laboratorios de cocaína, no solo hirió a la institución militar: rebosó la copa de una sociedad que no acepta más que la "prudencia" de los generales se convierta en silencio frente al sacrificio de los suyos.
No comparto la tesis según la cual lo prudente era obedecerle a Petro en todo lo que se le ocurriera. La disciplina militar tiene límites constitucionales claros. Cuando el Ejecutivo ordena evacuar territorios sin criterio estratégico, cuando remueve masivamente oficiales experimentados sin justificación, cuando expone deliberadamente a la tropa a situaciones de riesgo y desventaja, la obediencia ciega no es profesionalismo: es claudicación.
La Constitución de 1991 es contundente: las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil, pero también son esencialmente obedientes a la Constitución misma. No existe el deber de acatar órdenes que vulneren la integridad de la institución o que expongan innecesariamente la vida de los soldados. Los generales tienen instrumentos constitucionales para objetar, y no los han usado.
Siempre fue un sofisma progre -del mamerto y del derechoso- hacer creer que los militares estaban obligados a obedecer al presidente de izquierda órdenes que jamás hubieran aceptado de ningún presidente de derecha. Ese doble estándar convirtió la obediencia en dogma ideológico, no en principio constitucional. Y todo indica que la alta oficialidad —salvo contadas y honrosas excepciones— se tragó el cuento: asumieron que lo “políticamente correcto” era obedecerle a Petro incluso en decisiones que los empujaban al suicidio institucional.
Los hechos hablan por sí solos. La evacuación precipitada del Catatumbo, que entregó territorio en bandeja al control de grupos irregulares y por ahí derecho a la dictadura venezolana. La remoción de cientos de oficiales de alta graduación en los tres años que lleva. Y la orden tácita de no responder a agresiones sistemáticas de las milicias de toda pelambre, convirtiendo a nuestros soldados y policías en blancos indefensos e indefendidos. Cada decisión ha venido debilitando vertiginosamente la capacidad operativa y la moral de la tropa.
El ataque atroz contra dos soldados debe cambiarlo todo. Dos jóvenes que hoy luchan por sus vidas con quemaduras en todo el cuerpo
Frente a todo esto, los ciudadanos hemos denunciado a Petro pero hemos guardado un silencio respetuoso hacia los generales. Ese silencio dual —el nuestro por deferencia institucional, el suyo por supuesta obediencia— parecía la prudencia debida. Pero el ataque atroz contra dos soldados debe cambiarlo todo. Dos jóvenes que hoy luchan por sus vidas con quemaduras en todo el cuerpo, víctimas de una saña que debe rebosar para siempre la paciencia ciudadana y debe desnudar la falsa prudencia de quienes prefirieron el silencio a la defensa de sus propios hombres.
Ha llegado la hora de que la ciudadanía no deje sola a los soldados y los policías. Si la oficialidad superior ha preferido refugiarse en una prudencia que ya parece complicidad, debemos ser los ciudadanos quienes exijamos que se recupere la dignidad de la misión militar. A los soldados y los policías les debemos la defensa de la República, y a los generales les corresponde honrar el uniforme que visten.
Los mecanismos existen: las altas Cortes pueden revisar decisiones irregulares, el Congreso puede llamar a control político, y los mismos oficiales pueden usar los canales de objeción que contempla la Constitución. La verdadera prudencia hoy no es callar, sino usar estos instrumentos antes de que sea demasiado tarde.
Los colombianos no pedimos golpes ni asonadas. Pedimos que las Fuerzas Armadas recuperen su dignidad dentro del marco constitucional, que defiendan a sus hombres con la misma energía con que estos defienden la patria, y que entiendan que la subordinación al poder civil no incluye la subordinación al proyecto autoritario y miliciano que pretende destruir la democracia desde adentro.
Aún estamos a tiempo. A veces pareciera tarde, pero no. Aún estamos a tiempo.
Adenda. Dirigida a los generales: Además de rectificar el rumbo y subordinarse únicamente a la Constitución, pedimos que se haga justicia contra los criminales responsables del intento de homicidio de nuestros dos soldados. Que la Fiscalía actúe, que la Fuerza Pública los capture, que los tribunales los condenen. La impunidad no es opción cuando se trata de quienes defendían a Colombia cumpliendo órdenes legítimas. Dos jóvenes luchan hoy por sus vidas con el cuerpo calcinado: la justicia no es venganza, es lo mínimo que les debemos a quienes vistieron el uniforme y hoy agonizan por defendernos a todos.
Del ismo autor: Colombia necesita que Maduro caiga
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