El presidente Gustavo Petro volvió a encender las alarmas: el concurso notarial, en vez de garantizar transparencia, se acelera “extrañamente” justo antes de las elecciones de 2026. No es coincidencia: es la regla del viejo régimen. Repartir notarías como cuotas de poder asegura que la maquinaria política siga engrasada.
El negocio es multimillonario. Una notaría puede recaudar cientos de millones de pesos mensuales por dar “fe pública” de lo que muchas veces ni les consta. ¿Cuántos despojos de tierras fueron avalados en notarías? ¿Cuántos campesinos perdieron su herencia porque un notario, con sello y firma, declaró dueños a quienes nunca lo fueron? La impunidad en Colombia no solo viste toga: también estampa sellos notariales.
Petro recordó denuncias de cobros de hasta mil millones por cupo notarial, con 700 plazas en juego. No se trata de un simple trámite: es un mercado negro que involucra funcionarios del Ministerio de Justicia, de la Superintendencia de Notariado y Registro, y a toda una clase política que convirtió las notarías en feudos hereditarios.
La Procuraduría pidió suspender el concurso por irregularidades. Bien. Pero el fondo del problema no es si el proceso está bien convocado o no: es que las notarías han sido la caja menor del clientelismo y la puerta de entrada a despojos legalizados. En un país donde la violencia arrancó millones de hectáreas a los campesinos, ¿cuántas pasaron por el filtro de una notaría cómplice?
Las notarías en Colombia son una mina de oro, un negocio blindado con el disfraz de servicio público. Mientras tanto, el ciudadano común paga, firma y calla, creyendo que recibe seguridad jurídica, cuando en realidad entra a un mercado dominado por la corrupción.
No basta con suspender un concurso: hay que desmontar ese sistema que convierte la fe pública en mercancía. Porque mientras las notarías sigan siendo feudos de poder, la corrupción siempre tendrá sello y registro.
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