Para nadie es un secreto que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ha sido, durante más de siete décadas, motivo de orgullo para los boyacenses, pues gracias a ella miles de familias colombianas lograron crecer socialmente, tras pasar por las aulas de cualquiera de sus sedes, en las que siempre se ha contado con personal docente altamente calificado.
Sin embargo, de un tiempo para acá, y como resultado de un proceso de politización que ha encabezado un hombre que empezó su carrera política como líder estudiantil en esta misma institución y que en la actualidad ejerce por segunda vez como gobernador de nuestro departamento, la UPTC pasó de generarnos orgullo a ocasionar en nosotros la más profunda y dolorosa vergüenza.
El pasado martes 9 de septiembre se hizo público, a través de los micrófonos de W Radio, lo que muchos juristas sabían hace tiempo: la UPTC prestó vulgarmente su nombre para hacer parte de la creación de un curso concurso que, finalmente, no involucró a la planta docente ni investigadora de la universidad, sino que ese trabajo se le delegó a una SAS que le cobró a la UPTC casi 8.500 millones de pesos, por formular el famoso curso concurso con el que se buscaba formar a los abogados que sueñan con ser jueces y magistrados en Colombia, a través del mérito y no de la palanca.
Pese a que el contrato original firmado por la UPTC y la Escuela de Formación Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que se concretó en diciembre de 2019, aclaraba que estaba prohibido subcontratar o ceder la ejecución del mismo, a los directivos de nuestra querida universidad eso no les importó. Un verdadero escándalo.
A pesar de que la UPTC en este momento se encuentra en el ojo del huracán, por participar de este entramado repleto de irregularidades y acciones como mínimo lamentables, hace apenas unos días se dio a conocer que será esta misma universidad la que adelante el proceso de selección, a través de una convocatoria pública de méritos, con el que se seleccionará al nuevo contralor departamental, quien llevará las riendas de la vigilancia en términos de control fiscal en Boyacá, entre el 2026 y el 2029.
Resulta verdaderamente preocupante que, tras el bochorno en el que está inmersa la universidad que dirige el señor Enrique Vera, sea esta misma la que se encargue de liderar un proceso basado en el mérito tan importante para nuestro departamento como el que definirá el nombre de la persona que controlará la gestión fiscal de los fondos y bienes públicos de Boyacá.
Esperemos que la academia boyacense y la justicia no permitan que nuestra querida UPTC manipule el concurso de contralor departamental, con el único objetivo de poner en ese cargo a un alfil político del señor Carlos Amaya, principal responsable de los días vergonzosos que atraviesa la universidad en la actualidad, debido a la sed de poder de él y su grupo político, que no le basta con manejar la Gobernación del departamento hace casi una década, sino que además maneja a dedo la institución educativa más importante del centro oriente colombiano.
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