En Colombia avanza una propuesta legislativa que busca regular la figura del gestor cultural mediante la creación de una matrícula y una tarjeta profesional. Aunque el planteamiento parece orientado a otorgar reconocimiento y estatus a esta labor, en la práctica podría abrir paso a la burocratización y la exclusión de quienes han sostenido la cultura desde la experiencia comunitaria y los procesos empíricos. La gestión cultural no se reduce a un diploma: también se forja en los territorios, en las prácticas artísticas de base, en los colectivos que han tejido identidad y memoria. Imponer requisitos cerrados significaría marginar esa riqueza.
El proyecto incluye la creación de un colegio profesional con funciones de vigilancia y control. Esto podría derivar en un ente centralizador que limite la autonomía universitaria e interfiera en procesos ya amparados en la legislación, como el Sistema Nacional de Cualificaciones. Además, la definición restringida de gestor cultural propuesta en el articulado reduce la amplitud de un oficio que históricamente ha sido interdisciplinar, creativo y transformador.
Comunicado público de la Red de Instituciones Educativas:
Lo iniciativa ya superó su primer debate en el Congreso, lo que exige que el sector cultural eleve su voz y participe activamente en la discusión. Más que credenciales, según el gremio de las artistas, lo que necesita el país son políticas públicas incluyentes que reconozcan todas las trayectorias y fortalezcan la educación pública. Una legislación verdaderamente democrática debería acompañar y potenciar la gestión cultural en su diversidad, sin encasillarla ni convertirla en un terreno de control burocrático.
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