Un grave caso de corrupción ha salido a la luz, afectando a 63 familias que, tras ser reasentadas de sus hogares, han quedado en el limbo, sin una vivienda digna y sin el apoyo prometido. La denuncia apunta a un presunto esquema de desfalco desde la Caja de Vivienda Popular (CVP) que habría desviado más de $945 millones de pesos destinados a los subsidios de vivienda, dejando a las familias en una situación de extrema vulnerabilidad e indignidad.
La historia se remonta a hace cinco años, cuando estas familias fueron desalojadas del barrio El Paraíso, en Ciudad Bolívar, con la promesa de la Alcaldía de obtener un nuevo hogar en el proyecto Edificio Mirador del Paraíso. Sin embargo, la entrega de los apartamentos ha sido objeto de constantes dilaciones, mientras las familias se han visto forzadas a vivir en alojamientos temporales, sin la estabilidad de un hogar propio.
El centro de este escándalo es la constructora Corporación Cuéllar Urrea, una entidad cuyo representante legal es Édgar Alfonso Cuéllar Arias y quien, causalmente, es amigo de los funcionarios de Reasentamiento de la Caja de Vivienda
Una espera que se convirtió en un desfalco
La esperanza de las familias se derrumbó cuando, entre enero y febrero de 2025, se les exigió que pagaran $15.600.000 pesos adicionales, a un cobro adicional que pedía la Constructora. Ante la inminente protesta, la Caja de la Vivienda Popular (CVP) actuó con rapidez. El 7 de marzo, se ordenó a funcionarios contactar a los afectados para calmar los ánimos, culpando a la constructora y asegurando que el subsidio les sería entregado.
Tres días después, el lunes 10 de marzo, las familias fueron citadas en las oficinas de la CVP y se les prometió que firmarían las escrituras con la garantía de que los apartamentos serían entregados en junio de 2025. Esta promesa no solo no se cumplió, sino que, a la fecha, se ha confirmado que el subsidio de Hábitat de $15.600.000 por cada familia se desembolsó en su totalidad a la Corporación Cuéllar Urrea, es decir la constructora recibió un total de 945 millones. Las familias se quedaron sin la casa prometida, pero el dinero público ya está en manos de la constructora.
Los presuntos responsables
La denuncia señala a una presunta sociedad entre altos funcionarios de la CVP y personas ligadas a la construcción, que habrían orquestado esta operación para lucrarse con el dinero de los subsidios. Los nombres que resuenan en el caso son:
- Germán Alberto Hernández: Director de Reasentamientos de la CVP y arquitecto de profesión, quien, según la denuncia, fue supuestamente fichado por el sector político del alcalde Carlos Fernando Galán para dirigir el proyecto.
- Hasbleidy Puentes Montaña: Líder de reasentamiento en la CVP y quien, en sus ocho años de permanencia en la entidad, supuestamente se ha lucrado de manera sistemática de los proyectos de vivienda social y prioritario. Se le acusa de ser la persona que orquestó la operación del 7 de marzo para detener la protesta de las familias.
- Juan Carlos Fernández Andrade: Director de la CVP, quien habría dado el visto bueno al proyecto, permitiendo que la constructora usara cláusulas que la exoneren de responsabilidades.
Sin vivienda y sin el apoyo prometido
Las familias, que ya habían sido desarraigadas, se enfrentan ahora a un abandono total. No solo carecen de una vivienda digna, sino que su situación se ha vuelto insostenible. El subsidio de arriendo, equivalente al 50% del salario mínimo, ha sido suspendido para muchas de ellas sin previo aviso.
Al reclamar en las instalaciones de la CVP, se les ha informado que no hay dinero para pagar el arriendo. Además, los funcionarios de la entidad, con presunta complicidad, estarían utilizando maniobras burocráticas para evitar el pago, como exigir recibos y contratos de arrendamiento sin cesar o incluso afirmar que las direcciones de sus viviendas temporales son falsas.
Este grave caso, que ya no es solo una sospecha, es un desfalco que apunta a una traición de la confianza de los más vulnerables. Las familias exigen a la Fiscalía que investigue este crimen, en el que se ha traficado con la esperanza de tener un hogar, dejando a decenas de personas sin un futuro digno y sin un peso en el bolsillo.
El documento prueba de esta denuncia es la comunicación entre el Director General y el Director de Reasentamiento y la constructora con radicado 202517000026892, con fecha del 24 de febrero de 2025.
Anexo enlace de los documentos que prueba esto:
https://drive.google.com/file/d/1uRQW9nhwOQHLRgpl1P1cWfbjUenjRx7w/view
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