El año pasado Ecopetrol decidió dividir el contrato para sus servicios aéreos entre Helistar y Helicol que habría tenido como propósito quitarse de encima la lupa de la Procuraduría y de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidades que ya habían encontrado indicios de competencia desleal y que buscaban garantizar transparencia en dicho proceso de contratación. Sin embargo, en lugar de librarse de los problemas terminarán ahora con uno mayor, puesto que tendrán que responderle a la justicia por una denuncia que los acusa, entre otros delitos, de concierto para delinquir.
Así lo dio a conocer Julián Quintana, un reconocido abogado, quien fue director del CTI. Ha sido también apoderado de Jaime González, quien fuera el representante legal de la intervenida Coosalud y quien sostiene un pleito legal con el Gobierno por sus acusaciones de presunta corrupción y es el representante de la Alcaldía de Santa Marta en calidad de víctima por cuantioso detrimento de los recursos públicos por actuaciones presuntamente ilícitas por parte del ex alcalde y ex gobernador Carlos Caicedo, quien fue llamado a juicio por los recursos perdidos en los inconclusos centros de salud
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Quintana asumió la defensa de Helicol en el apartado penal y espera llevar el caso contra Ecopetrol hasta las últimas instancias. Mientras tanto, el apartado contractual seguirá a cargo de Juan Pablo Estrada, quien fue el encargado de representar a Thomas Greg & Sons en el famoso pleito por la fabricación de los pasaportes y quien inició la disputa con la petrolera estatal acusándola de liderar un complot junto con Helistar en contra de Helicol.
Particularmente, el lío radica en la operación de la base en Paz de Ariporo, Casanare
Esta le fue asignada a Helicol. Desde febrero, Ecopetrol ha acusado a la empresa de helicópteros por no haber empezado a ejecutar el contrato y los ha amenazado con cancelarlo anticipadamente, a lo que Helicol ha respondido que si no lo han hecho no es por ellos mismos, sino por negligencia de parte de la Aeronáutica Civil y por falta de colaboración de parte de Helistar, compañía que viene manejando exclusivamente el transporte aéreo de la petrolera desde hace 14 años.
Ahora, tras la terminación, ahora sí definitiva del contrato, Quintan asegura que en Ecopetrol existe un cartel de contratación y que al haber tomado esa decisión incurren en diversos delitos contra la administración pública. De igual manera, dice tener documentos que probarían la manipulación de los procesos de contratación de la petrolera en favor de un único proponente: Helistar, que tendría monopolizado el servicio.
Este será otro proceso judicial en el que tendrá que responder Ricardo Roa además del referente a la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro de la que fue gerente y el que investiga las presuntas irregularidades en la elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA.
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