Apenas justo que el Congreso de la República le haya dado trámite a la promesa de campaña del presidente Santos que reduce del 12 al 4 % el aporte a salud de los pensionados, a pesar de que algunos funcionarios del gobierno la consideran populista y sin la anuencia presidencial. Recordemos que de manera recurrente los jubilados han sido tratados inequitativamente: los pensionan con el 75 % del promedio salarial de los últimos 10 años. Sin contar con que el gobierno de Uribe, en el 2005, suprimió la mesada catorce, lo cual hizo que entre 2008 -2017 los ingresos se hayan depreciado un 18 % comparativamente con los incrementos que ha tenido el salario mínimo.
El Ministerio de Hacienda argumenta que esta ley creará un hueco fiscal de $2.3 billones, pero las cuentas no llegan a esa cifra. Dicen que se beneficiarán 900.000 pensionados (hasta 4 salarios mínimos) de los cuales la mayoría tienen mesadas equivalentes a un salario mínimo ($ 737.717). En gracia de discusión aceptemos que la mesada general, promedio, para ese número de beneficiarios sea de $ 1.250.000, eso significa que el detrimento fiscal apenas llega a $ 1 billón de pesos anuales ($100.ooo mensuales por pensionado), menos de la mitad de lo que calcula el Ministerio y muchísimo menos de lo que se llevan a los bolsillos los funcionarios públicos como producto de la corrupción rampante que reina en este país.
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