Las aguas del Caribe nunca son tan tranquilas como parecen. Bajo su superficie turquesa, una historia de poder, soberanía y crimen transnacional vuelve a sacudir las olas. Esta semana, el presidente Donald Trump, en su segundo mandato, ordenó un nuevo despliegue de buques de guerra estadounidenses frente a las costas del Caribe colombiano y venezolano. Y aunque la retórica en redes arde, ”intervención", "amenaza", "provocación", la historia invita a una lectura más pausada, más profunda. Porque esto ya lo vivimos.
Corría enero de 1990, cuando un joven y agobiado gobierno colombiano, el de Virgilio Barco Vargas, enfrentaba el mismo dilema: buques estadounidenses surcando el Caribe, presuntamente para frenar los flujos del narcotráfico. El portaviones USS John F. Kennedy y otras unidades de combate se acercaron a las aguas nacionales sin permiso explícito. La respuesta de Barco fue firme: Colombia no aceptaría operaciones militares extranjeras en su territorio sin autorización. Washington retrocedió… diplomáticamente.
Pero incluso en ese momento de tensión, quedó claro algo esencial: la intención no era invadir, sino persuadir. La amenaza no era un país, sino un enemigo sin bandera: los carteles de la droga.
La lógica de la disuasión
Treinta y cinco años después, la amenaza persiste, aunque se ha transformado. Ya no se trata de los carteles monolíticos de Medellín o Cali, sino de redes fragmentadas, sofisticadas y más difíciles de rastrear. Las rutas marítimas del Caribe han resurgido como uno de los principales corredores del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa.
Es en ese contexto que Trump ordena nuevamente un despliegue militar. Destructores, fragatas, helicópteros de patrullaje y drones de vigilancia han sido enviados al Caribe. ¿Para qué? Según declaraciones oficiales del Pentágono: “Para fortalecer la capacidad de detección, disuadir el tráfico de estupefacientes y apoyar la seguridad regional.”
No se trata de injerencia, ni de buscar confrontación. Se trata, como en 1990, de mostrar presencia, proyectar fuerza y cortar el flujo antes de que cruce el océano. ¿Colombia entre dos mares... y dos lógicas?
El gobierno colombiano actual, aunque prudente, no ha levantado alarmas. Fuentes diplomáticas aseguran que hubo coordinación previa, y que el despliegue ocurre en aguas internacionales, bajo protocolos de respeto mutuo.
Pero la narrativa mediática ha querido instalar una idea peligrosa: que se trata de una nueva forma de colonialismo militar. Sin embargo, como ocurrió en la era Barco, los hechos resisten esa lectura. Porque si entonces Colombia supo defender su soberanía sin cerrar la puerta a la cooperación internacional, hoy enfrenta el mismo reto con herramientas más maduras.
Lo que enseña el pasado
La historia sirve no para repetirla, sino para comprenderla. El despliegue naval de 1990 fue un llamado de atención, no un acto de agresión. Y el de hoy, si se mantiene dentro de los límites acordados, puede ser una herramienta legítima para enfrentar un crimen que ignora fronteras.
Los carteles mutan, las rutas cambian, pero el riesgo sigue ahí. Negar la utilidad de la disuasión es caer en ingenuidades costosas. Lo que sí debe evitarse es la sumisión silenciosa. Colombia tiene el derecho, y el deber, de exigir respeto, pero también la obligación de colaborar activamente en la defensa de su seguridad y la de la región.
El mar como espejo
Así como en tiempos de Barco, el mar Caribe vuelve a ser un espejo de las tensiones de la época. Refleja tanto la voluntad de los Estados Unidos de proteger sus costas como el deber de Colombia de no ser cómplice por omisión. La pregunta no es si los barcos deben estar ahí, sino cómo y por qué.
Porque en esta lucha, lo que está en juego no es solo un mapa geopolítico, sino el alma misma de una región que no quiere ser punto de tránsito, sino punto de partida hacia la legalidad y la paz.
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