En febrero de 1986, tres meses después de haber cubierto como reportero de Colprensa el asalto al Palacio de Justicia en Bogotá, recibí la asignación de viajar a Nicaragua con una misión compleja. Jorge Yarce, director fundador de esa agencia de noticias y Orlando Cadavid, director de información -dos de los periodistas mejor informados del país- habían recibido datos de sus fuentes según la cual el gobierno sandinista le proveyó al M-19 algunas de las armas empleadas en esa cruenta operación.
El punto de partida de la investigación periodística que me encomendaban era el hallazgo entre las cenizas del Palacio de un par de fusiles que conservaban la marquilla del antiguo ejército de Anastasio Somoza, a quien Daniel Ortega y su movimiento guerrillero derrocaron en 1979.
Aparte de un par de contactos en la embajada de Colombia, llevaba como una especie de cobertura acreditaciones para cubrir otros eventos de interés en el istmo centroamericano, entre ellos las elecciones en Costa Rica en las que el futuro nobel de paz Oscar Arias derrotaría a Rafael Ángel Calderón.
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Un agregado policial en Managua me dejó leer, a título de reserva de la fuente, un informe que por esos días había enviado a la cancillería en Bogotá en la que, citando “fuentes humanas” le hacía eco a la versión inicial. Me advirtió, como era obvio, que no podía saberse el origen de la fuente para no crearle un problema adicional al presidente Belisario Betancur que ya tenía suficiente con el holocausto de palacio y con la tragedia causada por el volcán nevado del Ruiz.
Daniel Ortega, desde siempre soberbio con el poder
A él y a otros funcionarios de la embajada les pedí que me ayudaran a aproximarme al presidente Ortega para una entrevista directa. Solo sabían que en las horas siguientes el gobernante estaría en uno de sus consejos con el pueblo y que iría inicialmente a Masaya, a donde viajé de inmediato.
Enfundado en su informe verde oliva y acompañado por seis miembros de su gabinete Ortega habló casi tres horas, entre diatribas y proclamas y solo hizo recesos para oír preguntas o recibir quejas de campesinos y otros trabajadores convocados para la ocasión.
Al final, entre un grupo de periodistas locales quise acercarme. Un guardia se interpuso con brusquedad, me requisó y me abrió el maletín de mano en el que además de una muda de ropa encontró una grabadora y una tira de pilas sin desempacar. “¿Dónde compraste esto, compañero?” La pregunta que me hacía no era extraña porque ciertos artículos que en Bogotá se conseguían en un comercio de barrio allí, en tiempos de racionamiento, eran costosos y exóticos. “En la diplotienda de Managua”, le respondí y él sabía bien que a esos establecimientos solo podían entrar extranjeros que pagaran en dólares. Me exigió el pasaporte, me pidió que le regalara un par de baterías para su radio y me dejó pasar corriendo hasta donde estaba Ortega.
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Le propuse casi a gritos entre la gente al presidente que me diera una entrevista, que acababa de llegar de Colombia. “¿De qué querés hablarme?”, me preguntó sin mayor interés, con el marcado acento de los nacidos en Chontales. “De los programas sociales y el restablecimiento de la democracia”, le mentí porque el ambiente allí no estaba para una pregunta a boca de jarro como la que llevaba preparada.
“Habláte con Sergio porque yo viajo pa’ fuera”. Se refería al vicepresidente Sergio Ramírez y era cierto que esa tarde partiría primero para Cuba y luego para China en busca de cooperación internacional. No me dejó un contacto ni dio ninguna instrucción audible, pero dos días después, con la ayuda adicional de colegas del diario La Prensa, Ramírez me abrió un de espacio de 45 minutos en su agenda.
A mis 23 años, ocultaba mal el nerviosismo, pero se me ocurrió romper el hielo ante el escritor hablándole primero de su libro “Cuentos”, de los 60, el único que yo conocía de él. Salió entonces de su circunspección inicial, me habló con mayor entusiasmo y llegado el momento le “disparé” sobre lo de las armas del Palacio de Justicia. Tras un silencio me respondió que sería un error que Nicaragua, con tantas necesidades por cubrir, se embarcara en la tarea de exportar la revolución y generar más tensiones en un país amigo como Colombia.
Sin embargo, no descartó de tajo lo de las armas. Prometió investigarlo, pero dijo que, como era natural en un proceso como el que se abrió después de la caída De Somoza aún persistieran, quizá no en la Junta de Reconstrucción Nacional, donde había gente tan prestante y demócrata como Violeta Chamorro, pero sí en otros círculos de la administración personas proclives al sueño de las revoluciones armadas.
Habló de lo que había significado durante la fase final de la ofensiva contra Somoza la presencia de la “Brigada Simón Bolívar” y otros movimientos similares e América Latina que llegaron a Nicaragua para apoyar la lucha armada. A algunos los acogió el poeta Ernesto Cardenal, aquel sacerdote que por esa época se ganó una reprimenda del papa Juan Pablo II durante una visita a Managua por promover las ideas de la teología de la liberación. Otros fueron expulsados porque Ortega los consideraba “infiltrados de los yankis”. Pero sabía bien que de esas avanzadas habían hecho parte avanzadas de emisarios del M-19.
Carlos Ramón González un militante curtido de las Fuerzas Especiales del M-19
Es más que probable que entre los jóvenes emisarios de aquellas brigadas hubiera estado Carlos Ramón González, estudiante de la Universidad Industrial de Santander y cuadro de la guerrilla, después de haber sido reclutado para una estructura que dirigía en su departamento el médico Carlos Toledo Plata.
Esa presunción se confirma 39 años después en el texto de la carta revelada por Noticias RCN en la que Óscar Muñoz, encargado de negocios de la embajada de Colombia en Nicaragua, solicitó el 25 de mayo de 2025 la renovación de la residencia para González y destacaba que se trataba de un amigo del gobierno sandinista conocido en Managua desde la época del triunfo de la revolución.
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Varios de los perfiles escritos sobre él concuerdan en que le ha gustado escalar alto desde la época en que estuvo en armas. Escaló desde las bases de la guerrilla hasta llegar al anillo más cercano de Jaime Bateman Cayón, jefe histórico de la organización. A diferencia de hombres como Carlos Pizarro o de Carlos Duplat, no nació con medio económicos pero se los procuró hasta convertirse en un empresario próspero con gustos burgueses, como aquel de pagarse un viaje de tres días a Italia solo para ir a ver un clásico entre el Inter y el Milán.
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No se quedó solo como lo que se llamaría un agitador de masas, sino que alcanzó la dirección del Partido de los verdes donde nadie -hasta que cayó en desgracia- osaba descocer sus órdenes.
La vieja relación con los sandinistas que salvó a Carlos Ramón González
Por eso no es extraño que haya escalado también en su relación con los círculos sandinistas como lo atestiguan las cartas que intercambio con Cardenal y que conservaba en su oficina y los libros que el gobierno de Ortega regalaba a quienes firmaban el libro de visitantes, entre ellos una revista de lujo hecha por un excombatiente en la que, con ilustraciones dibujadas con una pluma de ganso, contaba la historia de la revolución.
Esa cercanía le resultó clave para que el gobierno nicaragüense, luego de una resistencia inicial por cuenta de su paso por la Dirección de Inteligencia de Colombia, le otorgó a González la cédula de residencia, rechazó la solicitud colombiana para su extradición y le concedió asilo político.
Con eso se abre otro debate porque el gobierno Petro considera esa decisión “agresiva” porque el pedido en extradición no ha sido imputado por delitos políticos, ni perseguido por causa de sus ideas, sino que debe responder por delitos comunes asociados al saqueo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Quizá ya no regrese a Colombia porque la presunción, que parecería obvia, de la camaradería entre Ortega y el presidente Gustavo Petro, no parece tan cierta. Basta con recordar que Ortega a acusado a Petro y también al presidente Lula del Brasil, se ser afines al “imperio”. El gobierno ha rechazado el asilo y ha pedido al gobierno de Nicaragua reconsiderar la decisión.
Como quiera que sea, Carlos Ramón González tendrá en Nicaragua un país por cárcel porque de allí no podrá, por exigencias derivadas de la ley aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.
Su abogado, el penalista Iván Cancino, dice que su cliente no necesita estar en Colombia para defenderse porque es posible hacerlo con éxito con la evidencia que espera aportar así se trate de un juicio en ausencia.
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