En la ciudad se ha detectado un aumento considerable en la venta de licores, cigarrillos, vaporizadores y sustancias prohibidas a jóvenes, conducta que vulnera gravemente el marco legal y pone en riesgo el bienestar físico y psicológico de estos. Además, durante las horas nocturnas se observa una marcada disminución de la vigilancia por parte de las autoridades, situación que fomenta la expansión de tales prácticas.
En el contexto de sanidad pública, se ha demostrado claramente la falta de operativos conjuntos entre la Policía Nacional y las Secretarías de Salud e Interior, orientados a controlar y sancionar a comerciantes formales e informales que suministran estos productos a menores. Esta omisión del deber funcional implica responsabilidad penal, administrativa y disciplinaria, dado que quienes deben proteger a la infancia dejan de hacerlo justo cuando los más jóvenes carecen de la madurez necesaria para afrontar los efectos de estos tóxicos.
Tampoco se ha implementado un plan integral de prevención y tratamiento para quienes padecen adicciones a sustancias legales o ilegales. Esta carencia de visión a largo plazo menoscaba el derecho constitucional al cuidado personal y frena el desarrollo de la comunidad en su conjunto.
La proliferación de expendios en barrios, supermercados y farmacias que facilitan licores y otros productos nocivos a la población juvenil revela una complicidad tácita del Estado con prácticas que transgreden las garantías de la infancia. La falta de inspección administrativa y policial crea un ambiente de riesgo constante, donde la dependencia actúa como antesala de la delincuencia y el deterioro social. Por tanto, es imperioso que el Poder Legislativo y el Ejecutivo articulen un plan estratégico de gran envergadura que garantice la creación masiva de centros especializados en desintoxicación y rehabilitación, respaldado por una sólida cooperación internacional.
En el ocio nocturno se celebran eventos con entrada de pago cuyo objetivo real es el tráfico de sustancias psicoactivas entre menores. Estos encuentros congregan a la juventud en un clima de euforia desmedida que favorece las intoxicaciones letales y deja secuelas psíquicas profundas.
Igualmente, es esencial prestar atención a las plataformas digitales y a los contenidos virales, pues ensalzan un placer efímero sin advertir los riesgos que conllevan para el equilibrio mental. Aún más preocupante es que ese mismo entorno virtual fomenta orgías bajo la influencia de drogas, exponiendo a los adolescentes a infecciones de transmisión sexual y a embarazos no deseados.
La criminalidad que involucra a menores en las zonas urbanas sigue en ascenso, y la adicción los convierte en blanco predilecto de las redes delictivas, profundizando su vulnerabilidad y perpetuando un círculo de violencia. Por tal motivo, es indispensable impulsar como política de Estado un programa estratégico de seguridad permanente que garantice la continuidad de las acciones de prevención, tratamiento y reinserción social.
Tras toda esta inoperancia, la pregunta que inevitablemente surge es: ¿Hasta cuándo toleraremos que la indiferencia empuje a toda una generación al borde del abismo? Nuestros jóvenes no pueden seguir esperando; su futuro permanece atrapado en la incertidumbre y exige que las autoridades pertinentes actúen con carácter perentorio.
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