En medio de los rumores sobre una posible salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol, que el mismo funcionario se encargó de desmentir, la petrolera recibió una buena noticia de parte del Consejo de Estado, tribunal que le puso fin a una batalla que venían librando desde 2015 contra la empresa extranjera Worldwide Energy Investment y que, de haber perdido, les hubiera significado tener que desembolsar la cuantiosa suma de USD 210 millones.
Todo tuvo su origen a raíz de un convenio que firmó Ecopetrol hace más de una década con la Universidad Industrial de Santander, el cual tenía como objetivo sacar adelante el proyecto “Campo Escuela Colorado”, un campo de hidrocarburos desarrollado por la petrolera y operado por la universidad que sirve como centro de aprendizaje para sus estudiantes. Entonces, Worldwide Energy Investment ejercía como aliado estratégico de la UIS.
Sin embargo, Ecopetrol decidió terminar anticipadamente el convenio, algo que generó molestia de parte de la empresa extranjera, la cual no dudó en demandar y exigir ser reparada por, según ellos, haber sufrido perjuicios económicos.
Entonces comenzó una pugna en los estrados judiciales que no terminó llegando a buen puerto sino hasta 10 años después
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) asumió la defensa y se puso manos a la obra para evitar que la petrolera estatal tuviera que pagar más de USD 200 millones. La entidad encargada de proteger los intereses de la Nación alegó desde el comienzo que el vínculo era únicamente entre Ecopetrol y la UIS, más no con Worldwide Energy Investment. Terminó siendo un argumento ganador.
Ya en 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le halló la razón a Ecopetrol, pero el puntillazo definitivo lo dio recientemente el Consejo de Estado al negar definitivamente las pretensiones de los extranjeros y determinar que en ningún momento la petrolera actuó de mala fe.
Se trata de un alivio para la petrolera que durante los últimos días ha sido el foco de atención en el país. Por un lado, se han prolongado los remezones que comenzaron tras la llegada de Ricardo Roa a la presidencia, esta vez dando lugar a la salida de once altos directivos de la filial Hocol y, por el otro, el propio presidente de la compañía comenzó a ser investigado por la Fiscalía General de la Nación por cuenta del polémico contrato con las empresas de helicópteros Helistar y Helicol.
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