El reclutamiento virtual de menores es el nuevo rostro de una tragedia, donde la infancia se ha convertido en el blanco más frágil de las organizaciones criminales. En Colombia, América Latina y otras regiones del mundo, los menores de edad son seducidos, engañados o coaccionados para ingresar a redes ilegales a través de una herramienta omnipresente: las plataformas digitales. Lo que antes ocurría en calles, esquinas o escuelas, hoy sucede en la intimidad de un celular, bajo el disfraz de una oferta laboral, un videojuego o una red social.
Colombia: la infancia en la mira digital
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió que entre 2022 y 2024 se verificaron 474 casos de reclutamiento infantil en Colombia, y que la tendencia se agravó en 2025. La Fiscalía fue más lejos: en apenas tres años, los registros crecieron más de 1.000 %, pasando de 37 casos en 2021 a 409 en 2024. Esta escalada está ligada directamente al uso de TikTok, Facebook y WhatsApp por parte de grupos armados ilegales.
Las modalidades son variadas y crueles. En zonas como Cauca, Valle y Norte de Santander, jóvenes han sido atraídos mediante videos que exaltan lujos, armas y poder. Promesas de dinero fácil o viajes se convierten en carnadas que los empujan a estructuras que luego exigen servicios como sicariato, extorsión o tráfico de droga. En el caso de las niñas, las investigaciones han documentado explotación sexual digital a través de plataformas de citas y de contenido erótico.
Comunidades indígenas y afrodescendientes bajo fuego
Las cifras revelan que el fenómeno golpea con particular dureza a comunidades históricamente vulnerables. Entre 2022 y 2024, casi la mitad de los menores reclutados pertenecían a pueblos indígenas, y cerca del 40 % eran niñas o adolescentes afrodescendientes. En el Cauca, solo en 2024, se documentaron 273 reclutamientos de menores Nasa. Allí, madres y lideresas locales, cansadas de esperar la respuesta estatal, organizaron la Guardia Intercultural Humanitaria: un grupo de mujeres que busca y rescata a sus hijos raptados, aun a costa de amenazas y persecuciones. “Nuestro vientre es el albergue de los desaparecidos”, repiten como un mantra doloroso, mientras enfrentan al crimen con la sola fuerza de la maternidad y la dignidad.
El fenómeno más allá de Colombia
En México, los carteles han desarrollado una industria del reclutamiento digital. Usan videojuegos como Free Fire o Call of Duty para establecer contacto con niños de apenas seis años, a quienes llaman “pollitos de colores”: baratos, brillantes y desechables. Se estima que al menos 30.000 menores forman parte de sus filas, mientras cientos de miles más están en riesgo.
En Europa, Europol ha advertido sobre redes criminales que utilizan adolescentes como ejecutores bajo el modelo de “violence-as-a-service”. A través de mensajes cifrados o foros de videojuegos, captan jóvenes que se convierten en asesinos a sueldo o extorsionadores invisibles para la justicia.
Desertores: voces desde el infierno
Algunas historias dan cuenta de escapes milagrosos. En México, jóvenes como “Sol” e “Isabel” lograron desertar tras años de servidumbre a carteles. Hoy buscan rehacer sus vidas y transformar su dolor en lucha social. En Colombia, si bien los datos individuales son escasos, la Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado un promedio devastador: desde 2016, un niño ha sido reclutado cada 48 horas. Detrás de ese dato estadístico se esconden rostros, familias y comunidades fracturadas.
Respuestas estatales insuficientes
México propone regular las redes sociales, aunque expertos señalan que es tan ineficaz como intentar atrapar humo: las cuentas se eliminan y reaparecen al instante. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa creó un comité interinstitucional, pero sus acciones carecen de un enfoque digital. Y en Colombia, el Plan de Paz Total se concentra en el diálogo con grupos armados, sin abordar de frente la dimensión tecnológica del reclutamiento.
En contraste, Europa ofrece lecciones valiosas. La creación de task forces multinacionales para rastrear reclutamiento digital y las políticas del Consejo de Europa para garantizar derechos infantiles en entornos online muestran que es posible actuar con decisión y con alianzas público-privadas.
Un desafío moral y político
Colombia necesita legislación específica que penalice el reclutamiento digital, programas educativos para empoderar a niños y padres, cooperación directa con plataformas tecnológicas y, sobre todo, protección integral para quienes logren desertar.
La conectividad, pensada como herramienta educativa, fue secuestrada por el crimen organizado.
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