El 1 de septiembre, mientras tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá decidían de fondo su situación jurídica, se conectó sorpresivamente en su audiencia para negar su participación en el pago de coimas a congresistas en el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En otro lado de la pantalla estaba su abordado, el penalista Iván Cancino quien tuvo una primera derrota al no lograr detener la orden de detención emitida por un juez tras la acusación de la Fiscal del caso María Cristina Patiño, cuando ya su cliente se encontraba en Nicaragua.
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González, como siempre habló brevemente, mientras funcionarios de policía judicial verificaban sin sorpresa que la IP del computador desde el que se conectada correspondía a Nicaragua, donde consiguió asilo político luego de huir de Colombia.
Sus palabras están resumidas en el folio número 12 de una providencia de 33 páginas mediante la cual el Tribunal ordenó encarcelarlo preventivamente por los delitos de lavado de activos y cohecho. El Tribunal las registró, de manera casi telegráfica, en no más de seis renglones así:
“Asegura, no tiene nada que ver con la conducta imputada y la decisión estuvo presionada mediáticamente. Agrega, el Magistrado A quo no analizó los hechos puestos de presente por el ente acusador, pues no se arrimó prueba que determine que se reunió con los imputados, y aun así se decretó la medida de aseguramiento en su contra”.
La única alusión que los jueces hicieron a la presencia del prófugo en Managua es que demuestra que nunca tuvo la intención real de responder en un proceso rodeado de garantías, por lo cual no merece estar en libertad.
En concreto, los magistrados Jairo José Agudelo Parra, Isabel Álvarez Fernández y Alejandra Ardila Polo de la Sala Penal del Tribunal Superior ordenaron que Carlos Ramón González, sea capturado y encarcelado por los delitos de cohecho y lavado de activos cometidos al ordenar el pago de coimas por $4.000 millones de pesos a los más altos dignatarios del Congreso de la República en septiembre de 2023.
En condiciones normales, una decisión de esa naturaleza podría fortalecer el pedido de extradición que el gobierno del presidente Gustavo Petro ya le envío a Nicaragua para que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y de Inteligencia Nacional pierda su condición de asilado en Managua y vuelva para darle la cara a la justicia.
Sin embargo, la afinidad ideológica de González -excombatiente del M-19- con el régimen sandinista de Ortega hacen por ahora improbable que la petición colombiana sea acogida.
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El debate en el que participaron todas las partes giró en torno al delito de lavado de activos que, en opinión del magistrado que calificó inicialmente los delitos, no existió porque el dinero utilizado para pagarles el soborno a los presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, fue producto de un préstamo hecho por el particular Pedro Castro y no provino, de manera inmediata, de recursos públicos.
Esa tesis fue derrotada al demostrarse que la plata le fue devuelta al prestamista con dineros públicos saqueado criminalmente del anticipo de un contrato para la compra de carrotanques para La Guajira.
El pago fue pactado la mañana del 25 de septiembre de 2023, en medio de un desayuno organizado por la consejera presidencial Sandra Liliana Ortiz Nova, en la habitación 2312 de los apartamentos Tequendama en Bogotá. Ortiz esta detenida en un cuartel policial esperando aportar pruebas sobre la corrupción en la UNGRD, pero por ahora solo han investigado sus numerosos bienes
La orden de pagar las coimas para que el Congreso agilizara el trámite de proyectos del gobierno que estaban varados fue impartida por Carlos Ramón González, según todos los declarantes e implicados, incluido el propio Name, un fragmento de cuya indagatoria en ese sentido es mencionado en la providencia.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, decisión de segunda instancia decretó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de lavado de activos. Ahora, Carlos Ramón González enfrentará detención preventiva también por lavado de activos, sumándose a las imputaciones previas por cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. Sin embargo la rapidez con que el exdirector del Dapre se le adelantó a la medida de aseguramiento que vio venir, viajando desde diciembre pasado aprovechando la cercanía con su copartidario del partido Verde el embajador León Freddy Muñoz. Sabía que contaba con la protección de un viejo amigo también guerrillero –del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) el hoy presidente Daniel Ortega, quien le concedió el asilo político que le permite tener una vida tranquila en el pequeño país centroamericano e incluso hacer negocios, que tanto le gustan, aunque sin poder cruzar ninguna frontera ni hacia Honduras ni Costa Rica porque tiene una Circular roja de Interpol solicitada por la Fiscalía y que puede reventar en cualquier momento.
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