El pasado viernes 25 de julio de 2025, se cumplieron 20 años de sanción, de la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, lo cual no ha sido ni lo uno ni lo otro. La creación del marco jurídico que facilitó la desmovilización paramilitar, y cuyo componente principal era garantizar el derecho a las víctimas, a la verdad, justicia y reparación, veinte años después las víctimas siguen siendo revictimizadas al ver a sus victimarios pasearse orondos, sin ser molestados por sus conciencias, tras los crímenes cometidos, en contra de millones de seres humanos en Colombia.
El desfile de miles de hombres armados, que deponían sus rifles, con sonrisas de oreja a oreja, presagiaba el contubernio de los criminales con políticos y empresarios que financiaron el macabro proyecto paramilitar en nuestro país. Todo fue una burla, para el gran universo de víctimas que dejó a su paso, el monstruo de la violencia. La parodia le alcanzó a algunos jefes paramilitares para lanzar discursos, otros fueron recibidos con abrazos por parte de altos oficiales de la fuerza pública en señal de agradecimiento, por sus estrechos vínculos y compadrajes existentes entre miembros de las instituciones castrenses con los ilegales, y hasta tuvieron el privilegio de sentarse en el congreso de la república, como una muestra que el poder del crimen tenía asiento en el recinto sagrado donde nacen las leyes en el país del sagrado corazón.
En el 2008, el país se estremeció con la decisión del presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez, de extraditar a los principales cabecillas paramilitares, tras argumentar que estaban delinquiendo desde las cárceles donde se encontraban en espera de las decisiones judiciales que tomaría los jueces de justicia y paz. Este hecho fue catalogado por las víctimas como también por los expertos del conflicto armado, como la manera más cínica de callar la verdad, la que tendrían que contar los jefes del paramilitarismo, sobre sus alianzas con políticos, empresarios, y miembros de la fuerza pública en nuestro país.
Veinte años más tarde, las víctimas continúan deambulando por las calles de nuestras ciudades, en la búsqueda incansable de la verdad, la justicia, y la reparación, las cuales les han sido esquivas, iguales que las actitudes de los políticos implicados en el proyecto paramilitar, que se niegan a reconocer sus culpas. Con el regreso de algunos cabecillas extraditados, hay quienes sueñan que por fin reaparecerá la verdad, que se esconde en montañas de expedientes, ante la ineptitud de una justicia tan injusta, que inclina su balanza en favor de los victimarios.
Hoy Mancuso no es el gran aliado de la clase política colombiana, es considerado un mentiroso para algunos, para otros es el traidor, quien se alió con el comunismo, para desacreditar al gran colombiano. Sin embargo, para miles de víctimas, a pesar de la monstruosidad de sus crímenes, significa la esperanza de conocer la verdad, sobre el paradero de los desaparecidos, de las violaciones que cometieron sus hombres, de los despojos de tierras, y quienes se beneficiaron de la barbarie.
La injusticia de la justicia en Colombia alcanzó para todos, menos para las víctimas, ya que once años después con el denominado acuerdo de paz de La Habana, y la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que llevó a la desmovilización de la guerrilla de las FARC, la situación continúa siendo la misma. Los victimarios les imponen a los jueces del tribunal especial, el tipo de justicia que consideran convenientes a sus intereses, niegan los reclutamientos de menores de edad, las violaciones de niños, y niñas, al igual que los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto.
Se crearon 16 curules especiales en la Cámara de Representantes, las cuales asegurarían la participación de las víctimas, pero desafortunadamente quedaron en manos de allegados de los victimarios, y otras financiadas por los políticos tradicionales, que aseguraría la continuidad de la corrupción. Veinte años de justicia transicional, solo ha dejado muchas heridas abiertas a causa de la injusticia de la justicia en Colombia.
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