Cómo Álvaro Uribe conoció a Diego Cadena, un abogado de narcos y paras que terminó enredándolo

El expresidente Álvaro Uribe y su abogado Diego Cadena comparten hoy un destino incómodo: enfrentan juntos las últimas etapas de juicios en el que se definen si son culpables o no de fraude procesal y soborno a testigos. Sentados en los banquillos de acusados —el expresidente frente a la juez Sandra Heredia y Cadena frente al juez 3 de Conocimiento de Bogotá, acompañados por sus séquitos de abogados, parecen dos piezas de un mismo tablero, una sociedad nacida en Rionegro, en la casa de los Uribe, donde comenzó su relación.

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Para entender por qué uno de los expresidentes más influyentes de Colombia acabó confiando en un abogado con fama de “abogánster”, hay que volver atrás, hasta el año en que sus caminos se cruzaron.

Era septiembre de 2014 cuando en el Senado se libró uno de los debates más tensos en la memoria reciente. Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, exponía sus hallazgos sobre supuestos vínculos de Uribe con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas y con círculos mafiosos. Cepeda llevaba años visitando cárceles en Colombia y Estados Unidos, recopilando testimonios de paramilitares como Salvatore Mancuso, Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, piezas claves de su investigación. Uribe, fiel a su estilo combativo, no se quedó a escuchar. Salió del recinto y presentó una denuncia penal contra Cepeda ante la Corte Suprema, acusándolo de manipulación de testigos.

Esa denuncia marcó el inicio de una larga batalla judicial. La investigación se prolongó más de lo esperado, mientras Uribe consolidaba una nueva legislatura. Su finca en Rionegro se convirtió en cuartel general de estrategia política y jurídica. Fue allí, en 2016, que Mario Uribe, primo del expresidente, le propuso un nombre que no figuraba entre los penalistas más sonoros de Bogotá: Diego Cadena.

Hasta entonces, Uribe acostumbraba rodearse de figuras reconocidas del derecho como Jaime Granados y Jaime Lombana. El nombre de Cadena sonaba ajeno a ese círculo, incluso para periodistas curtidos en la escena judicial. Pero Mario Uribe —él mismo un político condenado por parapolítica y con sus propios vínculos con las entrañas del paramilitarismo— lo llevó personalmente a una reunión en Rionegro. Allí se estrechó por primera vez la mano entre el expresidente y el abogado que más tarde sería señalado por la fiscalía como su cómplice o su alfil para sobornar testigos.

Cadena no era un litigante brillante ni mediático. Su reputación se había forjado como un gestor en las sombras, negociador de entregas y beneficios para narcos y paramilitares. Su lista de clientes era casi un catálogo de la violencia contemporánea del país: Diego León Montoya, alias Don Diego, jefe del Cartel del Norte del Valle con estrechos lazos con Joaquín “El Chapo” Guzmán; Diego Pérez Henao, fundador de Los Rastrojos; Víctor Patiño Fomeque, expolicía y químico convertido en mafioso; y Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, cuya excarcelación en 2023 generó polémica por haberse hecho pasar como paramilitar para recibir beneficios judiciales.

Mario Uribe lo presentó con una frase que, según admitió después el propio Cadena, lo describía bien: un “abogánster”, alguien capaz de moverse con soltura en las cloacas del sistema para obtener resultados. Con esa carta de presentación, Cadena recibió su primera misión: desmontar el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo clave contra Uribe, que desde la cárcel La Picota señalaba al expresidente como creador del Bloque Metro.

Con un poder firmado por Uribe, Cadena visitó a Monsalve varias veces entre 2016 y 2018. El abogado intentó convencerlo de retractarse, ofreciéndole a cambio beneficios judiciales. Lo que ignoraba era que Monsalve lo estaba grabando con un reloj-cámara. En una de esas grabaciones, Cadena quedó registrado presionando al testigo para que firmara “el hijueputa documento”. Pero Monsalve no fue el único. Las listas de visitas de La Picota muestran que también se reunió en repetidas ocasiones con Enrique Pardo Hasche, condenado por secuestro, y con Carlos Enrique Vélez, otro testigo que más tarde contaría cómo Cadena le dio dinero para que cambiara su versión.

El 12 de agosto de 2022, cuando estaba a punto de abordar un vuelo a México, Cadena fue capturado. Permaneció detenido hasta 2024, cuando recuperó su libertad por vencimiento de términos. Pero su proceso siguió abierto, y en 2025, igual que Uribe, llegó a la etapa de alegatos finales.

En paralelo, Cadena exhibía una vida de ostentación. Antes de cerrar sus redes sociales, publicaba fotos de sus muñecas adornadas con relojes Rolex de hasta 150 mil dólares, posaba junto a su Lamborghini, un vehículo casi inútil en las calles de Bogotá, y recorría la ciudad en un convoy de cuatro camionetas Toyota Sahara. Poseía un penthouse en Rosales, un terreno en la vía a Tunja que le compró al dueño del equipo Patriotas, seis apartamentos repartidos entre Bogotá, Cali y Roldanillo, empresas en Delaware y Miami y, como toque final, un jet privado valorado en ocho millones de dólares.

No fue casualidad que, además de Mario Uribe, otro abogado cercano al expresidente, Abelardo de la Espriella, apoyara su elección. En teoría, su tarea era neutralizar el “montaje” que, según Uribe, había urdido Cepeda y los testigos. Pero lo que consiguió fue todo lo contrario: enredar todavía más la defensa del expresidente. El juicio mostró su torpeza y lo puso a la altura de los personajes más coloridos de la crónica judicial colombiana.

En una audiencia en abril de 2025, su propio defensor, Iván Cancino, llegó a regañarlo en público por responder de forma dispersa a las preguntas de la Fiscalía. Y desde enero de 2023, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial lo suspendió por sus irregularidades en este mismo caso.

Hoy, mientras los alegatos finales se escuchan en los tribunales, Álvaro Uribe y Diego Cadena ocupan los mismos asientos frente a jueces diferentes, separados por una historia de desconfianza, intereses y errores. Uribe, acostumbrado a rodearse de abogados de renombre, apostó por un “abogánster” especializado en negociar con mafiosos y paramilitares. La jugada le salió cara. Y en la memoria judicial del país quedará esta pregunta: ¿por qué un expresidente puso su suerte en manos de un abogado cuyo talento principal había sido codearse con los mismos criminales que Uribe decía combatir?

El juicio está a punto de resolverse, pero el vínculo entre Uribe y Cadena ya es, de por sí, una de las historias más reveladoras de cómo el poder y las sombras a veces van de la mano.