En el municipio de Abriaquí (Antioquia) crece la polémica por el retraso en el pago de honorarios a los concejales. Los corporados consideran que se trata de una represalia política del alcalde conservador, luego de que el Concejo negara en agosto un empréstito por más de 1.200 millones de pesos.
Según las denuncias públicas y una queja disciplinaria radicada ante la Personería Municipal, la administración no ha cumplido con la obligación legal de realizar los giros en los plazos que establece la Ley 2461 de 2025, que ordena pagar dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al periodo de sesiones. No obstante, al 14 y 15 de septiembre, los concejales aseguraron que no han recibido los recursos.
El presidente del Concejo, Óscar Enrique Roldán Alcaraz, explicó que el 1 de septiembre se entregó a la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico la documentación necesaria para ejecutar el pago, respaldada en la Resolución 023 de 2025. Sin embargo, hasta la fecha los recursos no han sido girados.
“Esta situación no tiene precedentes en el municipio y afecta derechos fundamentales como el mínimo vital de los concejales, quienes han cumplido con sus funciones en las 21 sesiones plenarias realizadas en agosto”, dijo Roldán.
Señalamientos al alcalde y a su equipo
Los concejales del Partido Verde, mayoría con cuatro curules frente a tres del Partido Conservador, sostienen que la decisión del alcalde podría ser una retaliación política tras el rechazo al empréstito. “Creo personalmente que puede ser represalia por no aprobar un endeudamiento que no era prioridad para el municipio”, manifestó uno de ellos en declaraciones públicas.
La queja disciplinaria responsabiliza directamente a Diego Edison Henao Toro, secretario de Hacienda y Desarrollo Económico, por presunto incumplimiento de la ley y extralimitación de funciones, hechos que ahora deberá investigar la Personería.
Un precedente preocupante
El caso de Abriaquí se convierte en un precedente inquietante para la autonomía de los concejos municipales en Antioquia y el país, pues abre dudas sobre la utilización de herramientas administrativas como mecanismos de presión política.
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