Diferentes actores, entre ellos connotados juristas y diversos formadores de opinión, han hecho serios reparos a la sentencia de la juez Sandra Heredia en contra del expresidente Álvaro Uribe. Para muchos, entre ellos a este columnista, la sentencia de 1.114 páginas ha generado mucho más calor que luz, dado que buena parte de los argumentos de la jueza ofuscan, abruman y confunden. Las sentencias deben estar escritas en un lenguaje técnico, sobrio y claro: la sentencia de la jueza contenía un tono retórico que incluyó referencias a ángeles, providencias divinas y “funciones teatrales”, impropias del lenguaje judicial. Para algunos expertos, el fallo parece más un mensaje político que una decisión técnica: sesgos en la valoración de pruebas, fallas en la legitimidad de interceptaciones, ambigüedades jurídicas y agravantes cuestionables. Adicionalmente la Corte Suprema le reprochó a la jueza Sandra Heredia haber decidido sobre una recusación que debía ser resuelta por otra instancia, constituyendo un claro conflicto de interés: “juez y parte”.
Pero el hecho de disentir sobre la sentencia de la jueza no implica ni puede implicar que no se acepte que la justicia en Colombia ha sido un baluarte para contener los intentos del gobierno de despedazar el estado de derecho al resquebrajar la separación de poderes. El papel de la justicia ha sido admirable. El analista Pedro Medellín Torres, en su columna del pasado jueves en el diario El Tiempo, lo señala: “Los jueces y magistrados le han hecho saber al presidente que la Constitución y las leyes son patrones de regulación y están para ser acatados, sin diferencias de credo, raza, condición o jerarquía. Que definen las reglas de juego y se deben respetar. Así, en la medida en que Petro ha dejado ver su “vocación de mando” y su disposición a hacer una “libre interpretación” de las normas, el Poder Judicial se ha levantado para poner límites a un mandatario que creía que gobernar era llegar, ordenar y listo, ¡todo se hacía!”
El Poder Judicial se ha levantado para poner límites a un mandatario que creía que gobernar era llegar, ordenar y listo, ¡todo se hacía!”
Criticar no es desacatar. La crítica hace parte del debate político público, tan necesario como saludable, mientras que el desacato es no cumplir lo ordenado legalmente. Criticar la sentencia de la jueza Heredia no solo es un acto legítimo en democracia, sino también necesario para salvaguardar los principios del derecho penal y procesal. Y el hecho de llamar la atención sobre los errores e incongruencias de la jueza Heredia no es lo mismo que atacar toda la rama judicial. Criticar no significa desconocer la legitimidad de las instituciones judiciales.
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Apostilla 1: Abrumadora, no obstante la inclemencia del clima, la presencia en Bogotá de ciudadanos respaldando al expresidente Álvaro Uribe. Lo que este columnista puedo observar es a varios miembros de las “barras bravas” de la izquierda dura esperando una oportunidad para armar un conflicto desluciendo la marcha. La presencia de miembros de la Reservas los disuadió.
Apostilla 2: Edificante ver a las hermanitas Guerrero, dos jovencitas misioneras (según el ministro del Interior iban en una “misión secreta”), utilizando un avión y un helicóptero oficial para cabildear por sus candidatos en la Universidad Popular del Cesar, UPC. Que el cabildeo de las “misioneras” nos haya costado a las contribuyentes decenas de millones de pesos, tiene sin cuidado al alto gobierno. El costo de dicho traslado lo deben asumir personalmente quienes autorizaron dicho traslado.
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