Jennifer Córdoba Henao se tomaba muy en serio los alcances de la sentencia 4360 de la Corte Suprema de Justicia que reconocía a la Amazonía como a “un sujeto de derechos”. A la mayoría de sus vecinos de la inspección de Barranquillita de Miraflores, en Guaviare, aquello les sonaba extraño, pero ella -paciente y bien dispuesta a sus 22 años- se sentaba a explicarles.
Sobre un pizarrón remarcaba que era obligación de todos, incluidos los vecinos, los grupos armados ilegales y las agencias del Estado, parar la deforestación que se estaba robando la verdadera riqueza de sus tierras para cedérsela a la coca. También, que había que unirse para proteger las vertientes más bellas que comenzaban a arrastrar mercurio y otros químicos de desecho de la minería ilegal.
Mientras la joven avanzaba en su pedagogía solitaria, en mayo de 2023 una tregua pactada entre el ‘Estado Mayor’ de ‘Iván Mordisco’ se hizo añico y la guerra, con su maquinaria lubricada por la economía criminal, volvió con intensidad y una mañana el cuerpo de Jennifer apareció abandonado en uno de los parajes por los que ella solía hacer sus rondas como defensora ambiental.
Las disidencias de Iván Mordisco amenazaron la COP 19
“Han pasado un poco más de dos años y, según los tiempos de nuestra justicia, sería demasiado pronto para saber quién la mató”, dice Floralba Alegría, integrante de una familia de colonos que se sentaba frente al pizarrón cuando Jennifer daba sus apasionantes explicaciones.
Un defensor de la Serranía de San Lucas atacada por la minería también fue asesinado
Un documento de la Defensoría del Pueblo reseña la historia de Narciso Beleño, un líder que se oponía con la misma fuerza a la gran minería y a la minería ilegal y que trabajaba, desde la Federación Agrominera, por los derechos de los pequeños mineros que respetaban las áreas de conservación de la Serranía de San Lucas.
En abril de 2024, hombres armados cegaron la vida de Beleño en su casa en el sur de Bolívar. El crimen fue atribuido a las ‘Autodefensas Gaitanistas’ que entonces combatían con el ELN y las disidencias de las FARC por el control territorial y en busca de un gran botín: la explotación del oro.
Las cifras difieren entre las diversas fuentes, pero promediándolas resulta que en Colombia fueron asesinados, entre 2023 y julio de 2025, 89 líderes y lideresas ambientales que hoy hacen parte de la galería de las víctimas menos visibles del conflicto. Sus obras e historias dan testimonio de que el patrimonio ambiental hace parte de las “grandes bajas” de una guerra cuyos resultados se mide tradicionalmente en muertos y heridos.
Una maestra experta en derecho ambiental le cegaron la vida balas asesinas
Amanda Fuentes, catedrática de derecho ambiental, la persistencia de la violencia, exacerbada en medio de la renuncia de los grupos armados de acogerse a un proceso de paz con límites claros para las partes, representa también una grave amenaza para los derechos colectivos y especialmente para los ecosistemas vitales.
Desde su perspectiva, los conflictos armados en Colombia representan una amenaza en doble dimensión: una sobre ese ecosistema y otra sobre los defensores ambientales, cuyo riesgo es equiparable al que enfrentan los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
La reciente publicación Emergencia Climática: prospectiva 2030, editada por la Universidad Externado de Colombia y la Fundación Heinrich Böll Stiftung, examina la relación el conflicto y el desarrollo medioambiental y concluye, en ese punto específico, que las acciones armadas suelen ser causa de nuevos conflictos asociados al cambio climático, como la pobreza, las crisis económicas o el aumento del desplazamiento.
La lucha por recursos y territorios pesan en los conflictos armados en todo el mundo
De hecho, durante los últimos años cerca del 32 por ciento de los conflictos armados en el mundo tuvieron como factor determinante luchas por recursos y territorios. Tan solo en 2019, antes de la declaratoria de la pandemia del Covid-19, se produjeron 34 conflictos armados, de los cuales el 12 por ciento fueron internos. En este último porcentaje está el caso colombiano, donde los actores armados atacaron la biodiversidad y los recursos naturales con métodos tales la voladura de oleoductos, la contaminación de los acueductos, la tala indiscriminada, la extracción de minerales o la alteración de cauces de ríos.
Varios expertos coinciden en que las normas del Derecho Internacional Humanitario comienzan a resultar insuficientes para responder a los daños ambientales.
La publicación destaca que, desde su perspectiva, el Protocolo Adicional I de Ginebra exige que para probar el daño ambiental en los casos de conflictos armados su alcance sea “extenso, grave y duradero”. Por eso la propia Jurisdicción Especial para la Paz ha dicho que no es fácil sancionar a los actores responsables del daño ambiental, incluso cuando este representa afectaciones graves en un territorio concreto, y a un grupo amplio de civiles con características sociales particulares, como indígenas y comunidades étnicas que habitan ecosistemas ricos en biodiversidad, como por ejemplo el pueblo Awá y el Pacífico Colombiano.
La ONU, a través de su relatoría especial de Derechos humanos y medio ambiente, ha prendido todas las alarmas
Durante el último lustro, la Relatoría Especial para los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de la ONU ha venido advirtiendo a cerca de los riesgos que se ciernen sobre los defensores ambientales.
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo con frecuencia llaman a las autoridades y a las comunidades a que se abstengan de realizar conductas que los deslegitimen, hostiguen, inciten al hostigamiento o estigmaticen la labor de los defensores ambientales, rondados todos ellos por graves riesgos.
“Lo mismo que los defensores de derechos humanos, los defensores ambientales tienen derecho a disfrutar de un entorno seguro, a solicitar y obtener medidas efectivas y adecuadas tendientes a reconocer, promover y proteger sus garantías sustanciales”, explica a su vez un funcionario de la Contraloría delegada para el Medioambiente.
Añade que, por eso, desde la perspectiva que sean abordados, la solución pacífica a los conflictos armados, dentro de reglas claras y con respecto a la normatividad de los derechos humanos, hará parte de las soluciones vitales que reclama la preservación del ecosistema ambiental y la protección de sus defensores.
Otro elemento importante para este análisis está relacionado con las obligaciones que se derivan para el Estado colombiano de instrumentos internacionales que se ha comprometido a aplicar. Al firmar el Acuerdo de París de 2015, el país se comprometió a cumplir, en el mediano plazo, importantes metas en el ámbito del control a la deforestación. Lo hizo en momentos en que el área deforestada superaba las 195.000 hectáreas, en buena medida por efecto de los cultivos ilegales, la economía clandestina y el crecimiento desordenado de algunas actividades agropecuarias.
En el mismo frente de la sostenibilidad ambiental, el Estado colombiano cuenta con instrumentos importantes para cumplir también otro objetivo de sustancial importancia: reducir la cantidad de gases de efecto invernadero y cumplir así los compromisos adquiridos en el marco de la COP21 de París. La reducción propuesta es del 20 por ciento hacia el año 2030. Uno de esos instrumentos, ya creados, es el bono nacional al carbono, que bien puede ser redistribuido entre las regiones con mayores necesidades en cuanto a la reducción de la deforestación y la adaptación al cambio climático.
Los avances teóricos son importantes, pero en el campo de la protección de quienes representan al Estado -o lo sustituyen por necesidad- en la defensa de los derechos ambientales los rezagos parecer ser enormes.
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