En Colombia, la justicia dejó de ser ciega. Ahora ve perfectamente a quién debe proteger y a quién debe arruinar. La fiscal general Luz Adriana Camargo, con la Resolución 0101 en mano, ha demostrado que su verdadero rol no es investigar la corrupción, sino protegerla cuando salpica al Gobierno. En esa alianza con Gustavo Petro, el mensaje es claro: quien roba desde el poder tiene garantizada la impunidad.
La excusa criminal: reorganización administrativa
El acto más burdo de cinismo es la justificación. La fiscal habla de “equilibrio de cargas”, de “regionalización” y de “eficiencia territorial”. Un discurso técnico que en cualquier otro país sonaría legítimo, pero que en Colombia sirve para lo mismo de siempre: mover expedientes incómodos hasta matarlos de aburrimiento procesal y prescriben.
Y no son expedientes menores:
UNGRD, la caja menor de la corrupción política.
Carlos Ramón González, el operador directo de Petro para sobornar congresistas.
Laura Sarabia, con el escándalo de la niñera Marelbys Meza y las chuzadas ilegales.
Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, enredado en la campaña de 2022.
Armando Benedetti, maestro de los secretos y emisario de Petro.
Carlos Feria, jefe de seguridad presidencial, a un paso del juicio por abuso de poder.
Ricardo Bonilla, el mandadero de Petro en girar recursos para torcer reformas
Todos estos casos, que olían a condena, ahora son objeto de la “redistribución eficiente”. Lo que suena a modernización es, en realidad, el certificado de defunción de las investigaciones.
La selectividad como política de Estado
El punto no es que la Fiscalía quiera repartir cargas o acercar la justicia a las regiones. Eso sería loable. El problema es la selectividad criminal, pues no deja operar la justicia en beneficio de las diferentes mafias. Los procesos que avanzaban contra figuras del petrismo son los que mágicamente aparecen en la lista.
Mientras tanto, nadie sabe si los criterios se aplican a casos menos mediáticos. ¿Se reasignan robos comunes, homicidios, fraudes tributarios? Nadie responde. Lo único seguro es que la lupa se aparta justo de donde el país exige más resultados: la corrupción en la cúspide del poder.
La Constitución hecha trizas
La dupla Camargo–Petro trata la Constitución como plastilina: la moldean y rompen a su antojo.
Independencia judicial: los fiscales ya no llevan procesos, se limitan a archivar papeles como simples mensajeros (Art. 228).
Acceso a la justicia: lo que era un derecho se volvió un laberinto; para las víctimas, sus casos terminan convertidos en carpetas olvidadas en oficinas lejanas (Art. 229).
Igualdad ante la ley: parece una broma cruel; los poderosos se salvan, los débiles cargan con todo el peso (Art. 13).
Eficacia y celeridad en lo penal: la justicia se volvió comedia; ahora la “rapidez” consiste en dejar que los procesos prescriban estratégicamente (Art. 250).
Orden justo: se invirtió en su contrario; lo que tenemos es un orden torcido que legitima el abuso de poder (Art. 2).
En conclusión: la Constitución, que debía ser el escudo de los ciudadanos, quedó reducida a un adorno decorativo para disfrazar la impunidad.
La mecánica del encubrimiento
El mecanismo es tan perverso como sencillo. Todo empieza con una orden: los fiscales deben entregar sus carpetas, esos procesos que llevaban años siguiendo. Luego, los funcionarios son trasladados a nuevas plazas, muchas veces a regiones donde las mafias y los clanes políticos tienen la justicia bajo llave.
En ese vacío, aparece un fiscal nuevo que necesita meses para entender lo que pasó, revisar los archivos, rehacer el camino. Mientras tanto, el tiempo corre. Los términos procesales no esperan, y cuando se vencen, la ley misma dicta el cierre.
Así, los expedientes no mueren por falta de pruebas ni por decisiones judiciales de fondo. Mueren por inanición, dejados a la intemperie hasta apagarse. Y la impunidad, disfrazada de simple trámite, se instala sin necesidad de absolver a nadie.
Petro, el gran beneficiario
Gustavo Petro encontró en Camargo la pieza que le faltaba para su ajedrez de poder. Mientras él sigue gritando en redes contra la oligarquía, su fiscal amiga le despeja el camino, enterrando las investigaciones que lo comprometen a él y a sus alfiles.
Lo irónico es que Petro siempre habló de “formas de lucha”. Con Camargo, añadió una nueva: usar la Fiscalía como pesado martillo para pasar por encima de la ley. El Palacio de Justicia convertido en sucursal del Palacio de Nariño.
La justicia destruida y la Fiscalía como notaria de la impunidad
Lo más grave no es solo la impunidad de los casos actuales, sino el mensaje que se envía: los fiscales que osen investigar al Gobierno saben que serán removidos. Las familias de funcionarios son obligadas a mudanzas arbitrarias. La independencia se diluye en miedo.
La Fiscalía deja de ser el organismo acusador para convertirse en la notaría de la impunidad. Y la justicia, lejos de ser un contrapeso al poder, se convierte en su comparsa.
No hay esperanza de condenas ejemplares, ni de sanciones que devuelvan confianza. Solo hay un pacto siniestro: Petro gobierna, Camargo encubre. Y los ciudadanos, una vez más, quedamos huérfanos de justicia.
Del mismo autor: El caballo de Troya de Petro: Roy Barreras y la trampa electoral
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