La más reciente de las acusaciones en contra de Vladímir Fernández, magistrado de la Corte Constitucional, corrió por cuenta del exministro Luis Carlos Reyes. Durante sus declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia por un posible tráfico de influencias atribuido a congresistas, “míster taxes” entregó para revisión de su memoria un celular al que le llegaban recomendaciones para cargos cuando se encontraba al frente de la DIAN.
Entre los chats aparecieron mensajes dirigidos a Reyes por Fernández cuando este se desempeñaba como secretario Jurídico de la Casa de Nariño. Uno de ellos contenía una hoja de vida de sus candidatos para dirigir la administración de impuestos y Aduanas en Bogotá.
Entre los mensajes, Fernández le echaba sutilmente en cara a Reyes su ayuda para sacar adelante normas para facilitar el recaudo, uno de los grandes dolores de cabeza de “míster taxes”.
Las denuncias en contra del magistrado huilense comenzaron realmente seis meses después de su posesión, en diciembre de 2023. En junio de 2024, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez afirmó que sus llamadas telefónicas y sus mensajes de chat estaban siendo intervenidos por los servicios de Inteligencia. Otros magistrados, entre los que no se encontraba Fernández, hicieron lo propio y mencionaron sospechas en relación con Carlos Ramón González y René Guarín, entonces director y subdirector nacional de Inteligencia, respectivamente.
En una conversación de los magistrados con la fiscal Luz Adriana Camargo, algunos admitieron que vieron con prevención la legada de Fernández desde la Casa de Nariño porque lo percibían como a un “espía” enviado por el gobierno.
En 2024, cuando estalló el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo la saliente consejera presidencial Sandra Ortiz le aseguró a la Fiscalía que, en efecto, el magistrado se encargaba de filtrarle al gobierno información reservada sobre el trámite de algunos procesos de control constitucional. Mencionó el de la legalización del aborto, que fue una de las banderas del progresismo que Petro decía acaudillar.
El presidente Petro negó que su administración estuviese acudiendo a prácticas de esa naturaleza que él condenó en el pasado como congresista. La Fiscalía y la Procuraduría anunciaron indagaciones cuyos resultados todavía no se conocen.
Cuando la exconsejera presidencial le propuso a la Fiscalía un esquema de colaboración judicial que le garantizara a ella inmunidad total en el caso de la UNGRD, recibió como respuesta un gran interrogante: ¿Qué podía decir ella que no hubieran dicho ya, por ejemplo, Olmedo López, ¿primero perpetrador y ahora testigo?
Sandra Ortiz dijo tener pruebas de que el magistrado Fernández habría comprado su elección en el Senado con recursos de la Unidad. Su propuesta no fue acogida, pero su versión trascendió ante los medios. Como Hernández tiene fuero especial, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió de oficio una actuación procesal que hasta ahora no ha tenido mayores avances.
Hernández se ha defendido ante la Sala Plena de la Corte, donde les ha dicho a sus compañeros que existe una campaña de desprestigio en su contra y que no va a satisfacer a sus detractores presentando una renuncia.
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