Los hermanos Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano, dos de los empresarios más influyentes del Caribe colombiano, sí pusieron en peligro recursos públicos al buscar subsidios a través del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), según la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
Tras un proceso judicial que duró 12 años, la Corte Suprema de Justicia dio su veredicto y les confirmó la condena impuesta en su contra: dos años de prisión por el delito de peculado por apropiación agravado en modo de tentativa.
La tesis de los Dávila Abondano, cuyas posiciones fueron contradictorias durante todo el proceso judicial, primero, dijeron ser inocentes, luego buscaron un preacuerdo con la Fiscalía y, cuando fueron condenados por el Tribunal Superior de Bogotá en 2020, cuestionaron la decisión argumentando que ellos no cometieron delito y que el preacuerdo nunca debió ser avalado por un juez.
Hoy, a casi cinco años de que el caso llegara a la Corte Suprema, el alto tribunal, por mayoría, confirmó la pena, indicando que sí se cometió el delito en grado de tentativa porque los hermanos Dávila Abondano presentaron dos proyectos independentes sobre un mismo bien, la finca Tequendama, acudiendo a la figura del fraccionamiento de predios.
AIS declaró elegibles esos proyectos el 11 de septiembre de 2009 por 192 y 247 millones de pesos, respectivamente. La Corte Suprema de Justicia señaló que la única razón por la que desistieron de esos recursos fue la presión mediática generada por la denuncia que la revista CAMBIO hizo el 23 de septiembre de 2009, en un artículo que reveló cómo influyentes familias del Caribe colombiano, entre ellas los Dávila Abondano, estaban recibiendo ilegalmente los beneficios del programa.
"Los recurrentes violentaron, una vez más, el principio de corrección material, pues dieron a entender que las pruebas aportadas al plenario no acreditaron los elementos del delito de peculado por apropiación en grado de tentativa, siendo que sí hay un mínimo de prueba que demuestra que Alfonso Dávila Abondano y Juan Carlos Dávila Abondano no lograron apropiarse de los recursos públicos que pretendían por razones ajenas a su voluntad, esto es, porque un tercero intervino (en referencia a la publicación de CAMBIO) y se generó una controversia mediática que implicó exponer lo que estaba sucediendo en el marco del programa Agro Ingreso Seguro", dice el fallo.
El programa AIS se creó en 2007 para reducir la desigualdad en el campo, pero acabó beneficiando a los más ricos: se permitió que los empresarios fraccionaran sus bienes para recibir varios subsidios que, en realidad, iban para una sola finca.
Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano firmaron contratos ficticios con la empresa CI Tequendama, de la cual eran gerentes e integrantes de la junta directiva, para lograr el fraccionamiento de la finca Tequendama, ubicada en Aracataca, Magdalena, y se presentaron a la convocatoria 01 de 2009 de AIS con dos proyectos diferentes ‘Finca Tequendama – El Salado I’ y ‘Finca Tequendama – El Salado II’, sin cumplir los requisitos del programa ya que no eran pequeños ni medianos productores.
Al ser elegidos, los Dávila iban a recibir los subsidios. El artículo de CAMBIO, titulado ‘Programa Agro, Ingreso Seguro, ha beneficiado a hijos de políticos y reinas de belleza’, generó revuelo nacional y las investigaciones correspondientes que llevaron a condenas, como la del entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Y el 14 de octubre de 2009 los Dávila, por separado, le dijeron al coordinador del programa AIS que declinaban del beneficio.
Pero el 25 de enero de 2012, la Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación, agravado y tentado y falsedad en documento privado. En abril de ese año fueron acusados y cuando iba a empezar la audiencia preparatoria de juicio, el 21 de mayo de 2015, los hermanos decidieron buscar un preacuerdo con la Fiscalía.
Fueron ellos quienes buscaron aceptar el delito de peculado por apropiación, agravado y tentado a cambio de una rebaja de la tercera parte de la pena, el cual fue avalado el 12 de agosto de 2018 por un juez. ¿Por qué, entonces, reprocharon su condena?
En diciembre de 2018, un juez los condenó y les impuso una sanción que les impedía hacer política general, sin precisar por cuántos años. El Tribunal Superior de Bogotá mantuvo la condena, pero eliminó esa sanción y uno de sus magistrados salvó su voto aduciendo que, a su juicio, lo que hicieron los Dávila no era delito. Por eso, los hermanos interpusieron un recurso de casación, que resolvió la Corte Suprema de Justicia, insistiendo en que no cometieron delito, en que ellos fueron quienes desistieron del beneficio y en que, en todo caso, el proceso ya había prescrito.
La Fiscalía insistió en que los Dávila adelantaron actuaciones irregulares para poder acceder al programa AIS y que, aunque el desembolso de recursos no se dio, esto fue “gracias a la intervención oportuna de la revista CAMBIO, la cual desplegó una investigación al respecto y publicó sus hallazgos para evitar la afectación al erario”.
El caso llegó al despacho del magistrado Hugo Quintero, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien presentó una ponencia que pedía absolver a los empresarios, señalando que la publicación no era relevante para medir si el desistimiento que hicieron los Dávila fue voluntario o no. A su juicio, este sí fue voluntario y, por tanto, el delito no ocurrió. El proyecto solo obtuvo tres votos y fue derrotado.
Así, por mayoría, la Sala Penal, que contó con la presencia de varios conjueces, confirmó la condena e insistió en que la decisión de los Dávila de no aceptar el subsidio de AIS “se dio en virtud al escándalo denunciado por la revista CAMBIO en su edición del 23 de septiembre de 2009”. Es decir, que no fue voluntario, sino impulsado por la publicación. La nueva ponencia quedó en manos del magistrado Carlos Roberto Solórzano.
"Se insiste, en la presente actuación hay un mínimo de prueba que demuestra que la apropiación no se produjo por circunstancias ajenas a las voluntades de Alfonso Dávila Abondano y Juan Carlos Dávila Abondano, pues se dio gracias al escándalo denunciado por la revista Cambio en su edición del 23 de septiembre de 2009", indicó la Corte Suprema de Justicia.
De otro lado, la decisión insiste en que fueron los propios Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano quienes aceptaron un preacuerdo, estando debidamente asesorados por un abogado, por lo que no podían ahora retractarse y buscar nuevamente acceder a un juicio. Además, el fallo señala que el caso no había prescrito: la Sala tenía plazo para pronunciarse hasta el 24 de julio de 2025, la decisión se tomó el 18 de julio y se comunicó el martes anterior.
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