A diferencia de lo que ocurre en el Senado, donde las mayorías de la oposición pueden ser apabullantes, como lo demostró la reciente elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, en la Cámara de Representantes el presidente Petro conserva mayorías en la coalición del gobierno.
Esto le ha permitido mantener el control de la Comisión de Acusaciones que frustró los esfuerzos de la oposición cuando el mes pasado intentó cambiar la correlación de fuerzas en este organismo, aunque desprestigiado, tiene el papel un gran poder que tendría que verse en las investigaciones que involucran al Presidente Petro, la Fiscal Luz Adriana Camargo, los magistrados de las cortes y otros altos funcionarios del Estado con fuero especial.
Acaban de ser elegidas como cabezas de la Comisión las representantes, la vallecaucana Gloria Elena Arizabaleta y la paisa María Eugenia Lopera, ambas de origen liberal pero que adhirieron a la campaña de Petro presidente, la primera por la ruta del exsenador Roy Barreras –expareja de Arizabaleta- y la segunda ha sido la mano de derecha del cuestionado ex representante paisa Julián Bedoya, quien hizo precisamente de la Comisión de acusaciones un poderosos fortín cuando fue congresista. .
Arizabaleta, vallecaucana, llegó al Congreso en 2022 con un caudal electoral cercano a los 35.000 votos que se los debío a su cercanía con Roy Barreras con quien estaba casada cuando ocupó altos cargos en la Fiscalia y la Procuraduria. A ella le gusta que se asocie su trayectoria con este supuesto padrinazgo político. Ha dicho que los únicos “ex” que le gustan son aquellos que se refieren a que fue fiscal ante tribunales superiores y procuradora delegada.
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Como abogada y operadora judicial se especializó en temas relacionados con la aplicación práctica de las normas sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. A su paso por el Ministerio Público como procuradora delegada la Restitución de Tierras defendió los derechos de los desplazados por la violencia, asi que el ideario Petrista no le resultaba ajeno.
Como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación les lleva a varios de sus antecesores una enorme ventaja porque no solo es hábil en el manejo político, sino porque conoce al dedillo la ritualidad de los procesos: términos, alegatos y recursos y eso le permite llevar un mejor control sobre ellas.
La vicepresidenta María Eugenia Lopera, nacida en Entrerrios, ha hecho política en Antioquia con el Partido Liberal de la mano de Julián Bedoya quien acompañó en su campaña para el Congreso en el 2018. Llegó a la Cámara en fórmula con el senador Juan Diego Echavarría y lideró la rebelión de liberales contra lo que en su momento llamó el “autoritarismo” del expresidente César Gaviria Trujillo y fue clave en la aprobación de la reforma de la salud y la laboral en la Cámara
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Fue sancionada con la pérdida transitoria de voz y voto por haber votado a favor del proyecto de reforma a la salud, en contravía de la posición de su bancada y de las directrices impartidas por el expresidente César Gaviria, jefe de la colectividad.
La voz independiente en la directiva de la Comisión
En medio del control ejercido por la presidenta y la vicepresidenta de la Comisión frente a trámites y repartos, la voz más relevante de la oposición allí es la del representante Carlos Alberto Cuenca del partido Cambio Radical. Su figuración es coyuntural porque encabeza un triunvirato designado para investigar una denuncia presentada contra el presidente por su excanciller Álvaro Leyva por presunta indignidad para el ejercicio del cargo por el consumo de sustancias sicoactivas. Sus argumentos y pruebas los aportó en un documento de 33 paginas.
En ese triunvirato acompañan a Cuenca los congresistas Olga Lucía Velásquez, de Alianza Verde, y el conservador Wadith Manzur. Entre ellos ha habido fuertes discrepancias porque Cuenca se habría arrogado el derecho de tomar por sí solo las decisiones más importantes para el trámite del proceso y porque durante las recientes diligencias de declaración de Leyva habló a título propio y no como vocero del trío de investigadores.
Los otros representantes del Pacto Histórico en la Comisión, como Jorge Ocampo y Alirio Uribe, saben que la posición de Cuenca termina siendo políticamente débil porque tiene una condena en primera instancia por una posible compra de votos durante su campaña y espera el tramite de una apelación ante la sala plena de la Corte Suprema.
Una incomodidad similar afronta Wadith Manzur, vinculado al proceso por el pago de coimas parlamentarias con cargo a los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Este es la única de las 17 demandas que cursan contra Petro que se ha movido. La próxima podría ser la relacionada con el presunto desbordamiento de los topes de financiamiento de su campaña. Esa podría ser la primera gran prueba de fuego para las dos cancerberas del presidente en la Comisión, asi como la investigación investigación preliminar que acaba de abrírsele a la fiscal general Luz Adriana Camargo, por presuntas irregularidades en el manejo de la investigación que lleva su entidad en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd).
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