La valentía con la que el Presidente Petro y el Ministro de justicia Montealegre con la que se refieren a la senadora Isabel Cristina Zuleta por su rol en la Paz total puede resultarle costosa. El magistrado del Consejo de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes evalúa el mérito de una demanda contra la investidura de la congresista presentada por el abogado William Quintero Villarreal por un posible tráfico de influencias que se habría configurado cuando subió a una tarima pública a nueve de esos capos al lado del jefe del Estado.
En ese episodio inédito en la historia del país, la senadora del Pacto histórico y reconocida figura de la izquierda buscaría sacar partido para sí y para el primer mandatario, según el demandante reconocido en medios judiciales por su trayectoria como abogado litigante, profesor de derecho y conjuez del Tribunal Administrativo de Córdoba. Para ella, porque habría utilizado la tarima de la Alpujarra, en Medellín, para promover su reelección al senado. Y para el Presidente por una razón similar: impulsar un proyecto reeleccionista.
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El debate, como lo plantea la demanda ante el Consejo, tiene como punto medular una posible extralimitación de funciones en la que habría caído la senadora al desbordar las tareas que le fueron asignadas por decreto para llevar a personas al margen de la ley a una mesa de diálogo y negociación, pero no para excarcelarlos y ponerlos en una tarima pública, entregarles un micrófono y ponerlos al mismo nivel primer mandatario.
En el equipo legislativo de la parlamentaria el asunto es observado como parte de un riesgo calculado cuando ella decidió jugarse a favor de un proyecto en el que cree a pie juntilla. En la esquina de la demanda ese riesgo se desbordó cuando la congresista activó mecanismos que desbordaron las normas que regulan el proceso y pasaron incluso por encima de la autoridad de los jueces de ejecución de penas.
El abogado demandante sostiene que la diligencia que permitió la salida transitoria de la cárcel de Itagüí solo podría haber sido coordinada por Jorge Iván Mejía Martínez, dirigente político antioqueño designado mediante Resolución 138 de 2023 como representante del Gobierno nacional para participar en el “Espacio de Conversación Socio jurídico de Construcción de Paz Urbana con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y El Valle de Aburrá”.
Por encima de las funciones de Mejía, la senadora dirigió el 19 de junio de 2025 al despacho del teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, director encargado de custodia y vigilancia del INPEC para pedirle, en nombre del presidente Petro, que autorizara la salida de los nueve reclusos. La decisión tomada por el oficial refleja las dudas que debió generarle el asunto, pues produjo una resolución sin fecha y sin número de consecutivo y no se encuentran definidas en ella las horas para la salida y el regreso de los internos, condenados todos por delitos graves.
El proceso de pérdida de investidura será adelantado en medio de un ambiente caldeado por el debate generado por el proyecto del gobierno, respaldado mayoritariamente por el Consejo de Política Criminal, que busca que busca convertir a capos, como los que acompañaron al presidente Petro en la tarima de Medellín, en beneficiarios de beneficios judiciales preparados en el marco de un “diseño diferencial” de tratamiento penal.
De acuerdo con la iniciativa, apoyada mayoritariamente por el Consejo Nacional de Política Criminal, quienes hayan cumplido ocho años o las dos quintas partes de la pena de privación de la libertad y que, además de la colaboración efectiva con el desmantelamiento de sus organizaciones criminales, contribuyan a la satisfacción de los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición, podrán acceder a la libertad condicional”.
Los nueve presos presentados en la tarima para la senadora Zuleta, según ella un escenario de diálogo y en un acto de campaña, según el demandante de su investidura, ya cumplieron las dos quintas partes de sus penas y podrían quedar pronto en libertad si prospera la iniciativa gubernamental.
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